Los estados pagan la borrachera financiera de administraciones venales e irresponsables. Sin embargo, para no pegarse un tiro en el pie, la mayoría de los gobernadores se resisten a investigar y castigar los excesos de sus predecesores. Las participaciones fiscales y petroleras crecieron en las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, pero en vez de aprovechar la época de vacas gordas para diversificar las fuentes de ingreso, sanear las finanzas y desarrollar infraestructura, los mandatarios derrocharon y endeudaron a sus estados al límite de su capacidad. Para más inri, el Gobierno de los Moreira lo hizo a espaldas del Congreso a pesar de tener mayoría calificada con el voto del PRI y sus satélites.

El saldo de la deuda subnacional, correspondiente a los estados y municipios, se disparó de 147 mil 412 millones de pesos (mdp), en 2005, a 637 mil 274 al cierre de 2020, lo cual representa un incremento del 332.3% en términos absolutos. El 86.6% (552.1 mdp) del total de los débitos se concentra en los estados; el 6.4%, (40 mil 724 mdp) en los municipios; el 6.5%, (41 mil 616 mdp) en los entes públicos estatales; y solo el 0.4%, (mil 720 mdp) en los municipales [Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, primer trimestre de 2022. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas].
Las participaciones a los estados y municipios forman parte del gasto no programable y las determinan criterios técnicos y no políticos. La Ley de Coordinación Fiscal (capítulo I) establece las fórmulas y procedimientos para su distribución. Las transferencias dependen «del comportamiento de la recaudación federal participable a lo largo del ejercicio fiscal. Por su naturaleza, no están etiquetadas, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de las entidades federativas y municipios». Su ejercicio, por parte de los gobiernos locales, es autónomo, advierte el Centro de Estudios, órgano de la Cámara de Diputados.

En cambio, las aportaciones federales están condicionadas a la consecución de «metas y objetivos relacionados con la provisión de bienes y servicios públicos concurrentes entre dos o más niveles de Gobierno». No es el caso del gasto centralizado, cuyo ejercicio corresponde a las dependencias de la administración federal, «nunca» a los estados y municipios. En Coahuila el gasto federal sumará este año 45.2 mil mdp (4 mil 270 millones menos con respecto al ejercicio anterior), de los cuales 21.7 mil mdp son participaciones (–3.6%) y 17.9 mil mdp aportaciones (–7.8%). El resto se distribuye en otros ramos, la mayoría de los cuales también registra reducciones. La caída, en el caso de las participaciones, obedece al efecto de la pandemia de coronavirus en la recaudación.

La situación financiera de los estados es apremiante. En 2022 tendrán un respiro por el crecimiento del PIB y su impacto en los ingresos federales de este año. Empero, la situación en las entidades que destinan mayor porcentaje de su presupuesto al servicio de la deuda —Coahuila pagará este año alrededor de 3 mil 800 millones— no dejará de ser complicada. La esperanza de los gobernadores consistía en ganar más espacios en la Cámara de Diputados, pero Morena y sus aliados conservaron la mayoría absoluta. Esto les permitirá tener a raya a los estados y avanzar los programas sociales y los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.