El periodista Édgar London escribe en la nueva edición de Espacio 4 sobre el cambio de postura del Gobierno federal por la muerte de 17 mexicanos en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Lo que durante meses fueron notas diplomáticas, reclamos consulares y exigencias de información, derivó en acciones jurídicas: denunciar penalmente a quienes resulten responsables del fallecimiento de connacionales bajo resguardo de las autoridades migratorias”.

London apunta que “La decisión representa uno de los movimientos más firmes emprendidos por la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al endurecimiento de la política migratoria estadunidense. Además de acudir ante las fiscalías estatales donde ocurrieron los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos revisar los casos y determinar si las muertes ocurrieron en un contexto de violación a los derechos fundamentales.

“El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, explicó que la determinación fue adoptada por instrucción directa de la titular del Ejecutivo y significaba un cambio de estrategia frente a las gestiones diplomáticas realizadas hasta ese momento. ‘La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las Fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE’.

“Las acciones legales abarcan dos frentes. Por un lado, las denuncias penales relacionadas con la muerte de los connacionales; por otro, procedimientos civiles dirigidos contra las empresas privadas que administran diversos centros de detención migratoria. El Gobierno mexicano las acusa de mantener condiciones que favorecieron el fallecimiento de personas bajo su custodia.

“Como parte de esa estrategia, la Cancillería remitió escritos de cese y desistimiento a los centros donde ocurrieron los decesos con el propósito de obligar a modificar prácticas que, según las autoridades mexicanas, derivaron en omisiones graves, entre ellas la demora en la atención médica y el incumplimiento de protocolos básicos para la protección de las personas detenidas.

“Paralelamente, la SRE solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que su oficina recabe información directa de las autoridades estadunidenses. De acuerdo con la dependencia, la petición busca que Naciones Unidas analice ‘la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos’.

“El cambio de la postura mexicana ocurre en un contexto particularmente delicado. Según la propia Cancillería, 11 mexicanos murieron en centros de detención y tres durante operativos del ICE. La cifra aumentó posteriormente a 17, entre operativos de captura y periodos de custodia migratoria. Asimismo, el Gobierno mexicano informó que 58 personas de distintas nacionalidades perdieron la vida en centros de detención entre 2025 y 2026. La diplomacia mexicana envió 11 notas de protesta formal a Washington para exigir el esclarecimiento de los hechos y garantías para la protección de sus ciudadanos.

“La respuesta estadunidense, sin embargo, dejó claro que Washington no aceptaría cuestionamientos sobre la actuación de sus agencias migratorias. En un hecho inusual dentro de la relación bilateral, el Departamento de Estado devolvió las cartas enviadas por la Cancillería mexicana en las que se solicitaba revisar los protocolos de actuación del ICE. La SRE respondió que las preocupaciones expresadas por México habían quedado planteadas durante las reuniones con funcionarios de los Departamento de Estado, de Seguridad Nacional (DHS) y el propio ICE”.