“Mucha suerte, Lorenzo”, le espetó ayer Félix Salgado Macedonio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. “Será la última elección que organice el INE”. Lo dice con la confianza de que el presidente López Obrador piensa igual. Ayer AMLO declaró que está preparando “una reforma administrativa para ajustar al Gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos. La mayoría no hacen nada, solo cuando se trata de defender intereses creados y ganan muchísimo. No tienen como función servir al pueblo sino proteger a minorías”.

Los organismos autónomos fueron creados para moderar los poderes del Presidente y para profesionalizar la toma de decisiones. Los tienen todos los países con estado de derecho. En México su creación gozó del respaldo de los legisladores de izquierda, que consideraban importante limitar los poderes de los presidentes surgidos del PRI y del PAN.

El desmantelamiento de los organismos autónomos, sin embargo, ya ha comenzado. Como el gobierno no ha podido eliminarlos legalmente, ya que habría que enmendar la Constitución, ha optado por recortarles presupuesto o por llenarlos de incondicionales.

Guillermo García Alcocer fue presionado para renunciar a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y después ha sido perseguido por la Secretaría de la Función Pública. Otros comisionados tuvieron también que renunciar y han sido reemplazados por personas como José Alberto Celestinos Isaacs, designado a la CRE en abril de 2019, a los 90 años, quien el 6 de octubre de 2020 votó a favor de restringir el autoabasto de electricidad declarando: “De acuerdo con seguir las instrucciones de la Presidencia de la República”.

Después de ser descalificado por López Obrador, Luis Raúl González Pérez no buscó su reelección en 2019 como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo reemplazó Rosario Piedra Ibarra, militante de Morena, quien ha declarado que la CNDH anterior era “cara e inútil”. La CNDH, sin embargo, ha reducido sus acciones contra el Gobierno. Ha hecho recomendaciones por faltas cometidas en gobiernos anteriores, pero por lo menos hasta el 30 de junio de 2020, ninguna se refería a la actual Secretaría de Seguridad o a la Guardia Nacional.

El INE se ha convertido en el organismo autónomo más odiado por el Presidente. Lo cuestiona una y otra vez en sus conferencias de prensa y hoy quiere hacerlo parte del Poder Judicial. Hasta el martes, López Obrador había omitido al Tribunal Electoral, quizá porque muchos de sus favorecían a Morena, pero ahora ha declarado que es igualmente responsable de un golpe a la democracia por avalar las cancelaciones de las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán.

El primer Mandatario se ha lanzado contra el Inai, por promover una acción de inconstitucionalidad contra la obligación de registrar los datos biométricos de los usuarios de teléfonos móviles, y ha descalificado a la Comisión de Competencia, por defender la competencia que garantiza el Artículo 28 de la Constitución. Al avalar la ampliación del mandato como presidente de la Corte de Arturo Zaldívar, busca también tener un poder judicial a modo.

Dice el Presidente que eliminar los organismos autónomos generará ahorros y evitará la corrupción. No hay razón para pensarlo. Por el contrario, los organismos autónomos son contrapesos necesarios ante el enorme poder de la Presidencia.

Repunte
La economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento de 6.4% anualizado en el primer trimestre de 2021. Las grandes inyecciones de recursos gubernamentales han generado este fuerte rebote que va a ayudar a México, pero es iluso pensar que no habrá consecuencias negativas ante un gasto deficitario tan importante.