Chiapas.- La Fiscalía General de Chiapas informó que este fin de semana detuvo a dos presidentes municipales acusados de malversación de recursos, corrupción y abuso de autoridad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, elementos de la Policía Especializada ejecutaron este fin de semana órdenes de aprehensión en contra de Gildardo Zenteno Moreno, presidente municipal de Bochil, y Viridiana Hernández Sánchez, alcaldesa de Simojovel.

Estas detenciones se dan después que el pasado viernes la Fiscalía estatal solicitara al Congreso del Estado retirar el fuero constitucional a ambos funcionarios.

La dependencia detalló que Hernández está acusada del delito de desvío de recursos federales y de no presentar la cuenta pública ni los informes trimestrales y anuales al Congreso del Estado.

Según la Fiscalía de Chiapas, la alcaldesa además habría financiado la campaña de su esposo Gilberto Martínez Andrade en las pasadas elecciones del 6 de junio, quien era candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Simojovel.

También, se le acusa de mantener un grupo de más de 300 personas con armas de fuego de grueso calibre exclusivas del Ejército que funcionaban como sus escoltas.

En tanto, Zenteno Moreno, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, cometido en agravio de Irene “N”, síndica municipal; Luisa “N”, regidora plurinominal, y Sara “N”, segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil.

#Seguridad: Es probable responsable del delito de violencia política contra mujeres por razón de género, cometidos en agravio de una síndica, una regidora plurinominal y una segunda regidorahttps://t.co/nSBnJDiHnS

— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) August 7, 2021

Los dos imputados fueron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate“, donde un juez resolverá su situación jurídica en el término constitucional.

La Fiscalía General del Estado aseguró que no habrá impunidad para funcionario público que esté involucrado en fraudes relacionados con el erario público.