Monclova, Coah.- Al iniciar ayer la veda donde funcionarios federales, estatales y municipales suspendieron promoción de sus obras y servicios previo a la consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a cinco ex presidentes que antecedieron a Andrés López Obrador, el líder municipal del PRI, Alberto Medina afirmó que este ejercicio es innecesario con despilfarro superior a 528 millones de pesos.

Es innecesario, explicó,

“ “porque si alguien cometió un delito no hay que consultar a nadie, sino únicamente procederse, para eso están las instituciones de procuración e impartición de justicia, será un evento mediático donde seguramente participará principalmente la porción de gente que aún cree ciegamente en el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Añadió que el gasto de 528 millones de pesos con presupuesto del Instituto Nacional Electoral y no del Gobierno de la República, representa un derroche porque hay otras prioridades principalmente en medicamento para personas con cáncer y hospitales para atender esa enfermedad, más aún en tiempos de pandemia por el Covid-19 que ha dejado más de 235 mil fallecidos en el país.

El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional apuntó que la ciudadanía que acuda a participar en el plebiscito del próximo domingo 1 de agosto únicamente responderá con un sí o no, al planteamiento de iniciar un proceso contra los ex presidentes cuyos nombres la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso no incluirlos en las boletas.

Medina, indicó que se requerirá un 40 por ciento de la aprobación de la ciudadanía inscrita en el Listado Nominal de Electores del INE para ser aprobado el proceso de investigación contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, y estimó que habrá pocas casillas, además que el PRI vigilará el proceso ante posibilidad de anomalías.

Comentó que desde este ayer la única propaganda gubernamental que está permitida es la relacionada con salud, educación y protección civil, prohibiéndose la publicidad para funcionarios de los tres niveles de gobierno.