Monterrey, NL.- Al consumarse ayer las elecciones populares para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, México podría socavar la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) por la incertidumbre que generan los cambios, coincidieron diversos especialistas.

Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que el estado de derecho es una de las variables que se consideran en la medición de la competitividad, por lo que prevén una afectación en las decisiones de inversión tras los cambios en el Poder Judicial.

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Lo que se ha anticipado es que se puede perder la autonomía en las decisiones de los jueces y esto preocupa a las empresas en los escenarios de potenciales disputas legales que puedan tener, la falta de independencia y la falta de criterio técnico. “Puede tener efectos negativos para las empresas y esto puede sin duda afectar también las decisiones de inversión”, sostuvo Campos.

Como ejemplo citó a Venezuela, en donde consideró que las “reglas de juego” cambian constantemente y las empresas prefieren no correr el riesgo de estar en ese país.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, coincidió en que el estado de derecho es vital para las inversiones porque da certeza jurídica.

Previó que el impacto por los efectos de la reforma judicial no será inmediato.

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Creo que va a depender de cómo queden los resultados de estas elecciones, de quiénes quedan, el perfil que tienen, cómo lo recibe el mercado y además de cómo se vayan dando, cómo se vayan solucionando ciertos problemas. “Puede ser que las empresas quieran detener inversiones hasta ver cómo va a funcionar en la práctica”, comentó.

El tema de las elecciones judiciales ha hecho ruido en el exterior y prueba de ello es que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) señaló la semana pasada que la reforma judicial representa un cambio significativo que propicia incertidumbre.

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A largo plazo, estos cambios podrían socavar la confianza de los inversionistas, debilitar el cumplimiento de los contratos y complicar los mecanismos de resolución de disputas, cruciales para la relación económica de América del Norte”, destacó.