Ciudad de México.- No basta reconocer la igualdad de personas con discapacidad sino garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos, dijo Gilberto Batiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Subrayó que la democracia no se agota al votar sino debe asegurar, sin ningún tipo de exclusión o visión asistencialista, que las personas con discapacidad puedan ser votados, ocupen y ejerzan cargos en la vida pública.

“La igualdad formal por sí sola no nos basta, no basta para garantizar el ejercicio de los derechos políticos plenos. La justicia electoral está llamada a acompañar, a escuchar y a transformar”, señaló durante el encuentro nacional para la difusión de derechos político-electorales para este sector.

El magistrado puso como ejemplo el congreso de su natal Chiapas, que en 200 años no había tenido una persona con discapacidad; actualmente Luz María Castillo Moreno es la primera diputada con esta característica.

Manifestó el compromiso de este Tribunal para hacer efectivos y plenos los derechos de las personas, a través de sus sentencias.

En México, agregó Batiz, existen millones de personas con discapacidad que enfrentan barreras no solo por su condición sino otras que vienen del diseño institucional, de las prácticas administrativas y de las omisiones colectivas.

Señaló entonces que los derechos de las personas con discapacidad “no son una concesión” sino una obligación jurídica incluida en la Constitución y en el Sistema Interamericano y de la Convencionalidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esa arquitectura – añadió- nos exige seguir avanzando hacia un modelo de inclusión que no solo reconozca estos derechos, sino que también los garantice, pero sobre todo que los haga “realmente exigibles y accesibles”.

Después de escuchar a personas con discapacidad, el magistrado presidente dijo que esas experiencias “nos llevan a cuestionarnos qué tan accesibles son nuestros procesos electorales, qué tanto nuestras instituciones comprenden la diversidad de formas de comunicación, de movilidad, de decisión y, sobre todo, de participación política”.

Bátiz admitió que en el ámbito electoral hay deudas en ese sentido, de ahí la necesidad de escuchar a quienes viven estas barreras; analizar la manera de garantizar sus derechos y que no sea solamente un asunto aspiracional.

En el TEPJF “se tiene la responsabilidad de juzgar con perspectiva de discapacidad; esto implica identificar las barreras y ordenar ajustes razonables que sean viables”.