El miércoles pasado cerraron formalmente las campañas electorales en Coahuila para la renovación del Congreso del Estado, en el siguiente día empezó al periodo de veda o reflexión un momento que debería estar destinado al análisis de propuestas legislativas y al contraste de visiones de futuro.

Precisamente ese día, por coincidencia conocimos de escándalos internacionales que están sacudiendo el ambiente político, y que le suman una sombra de sospecha imposible de ignorar de cara a la jornada electoral.

La reciente publicación de Los Angeles Times, que detalla presuntas investigaciones del Gobierno estadunidense y la supuesta revocación de visas a figuras de la llamada “cuarta transformación”, como los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, ha resonado con fuerza en las charlas políticas coahuilenses.

Más allá de los encendidos desmentidos de los implicados, el fondo del asunto revela una crisis de credibilidad institucional que toca de manera directa a nuestro estado a través de sus operadores políticos.

No se trata de actores lejanos, sino de personajes vinculados estrechamente a la dinámica local, como Américo Villarreal Santiago, hijo del Gobernador de Tamaulipas quien es delegado de morena en el estado y Ricardo Mejía Berdeja, dirigente del Partido del Trabajo, que aparecen bajo el reflector debido a sus históricas conexiones con las cúpulas de seguridad, conjuntamente con el Gobernador de Sonora, en periodos donde el llamado “huachicol fiscal” y las políticas de abrazos no balazos ganaron amplio terreno.

Y es que, como dicta el viejo refrán político, es sumamente difícil cruzar el pantano sin mancharse el plumaje.

La reacción defensiva de las dirigencias oficialistas, que ha transitado desde discursos de confrontación soberanista en el Monumento a la Revolución hasta cartas públicas emitidas por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, denota una profunda preocupación y un miedo desesperado.

Lo que se percibe en la retórica ya no es la defensa de un proyecto de nación, sino un ejercicio de control de daños ante el embate de agencias de investigación que ligan los entornos del poder con el financiamiento ilícito y el crimen organizado.

Para los coahuilenses, esta información no llega tarde; por el contrario, llega en el momento exacto de la veda electoral, ese espacio de silencio legal diseñado precisamente para la introspección, ya que la historia reciente nos obliga a no llamarnos luego a la sorpresa.

En 2018, la advertencia de figuras históricas del propio partido de AMLO como Porfirio Muñoz Ledo sobre la participación de la delincuencia con aportaciones directas al proyecto oficialista fue desoída por muchos, un error cuyas consecuencias hoy se lamentan en materia de seguridad nacional.

El voto para renovar el Congreso local no es un asunto menor; es el contrapeso legal y fiscal del estado, por lo que permitir que los hilos de la Legislación local sean influenciados por personajes con cuentas pendientes con la justicia o con la opinión internacional es hipotecar el futuro inmediato de Coahuila.

Es decir, los motivos para decidir están sobre la mesa, respaldados por la cruda realidad de los hechos informativos.

La apatía es el peor enemigo de la democracia, así que, con conciencia de los señalamientos a estos actores políticos y de lo que está en juego, hagamos valer nuestra voz y salgamos a votar este 7 de junio.