Septiembre de 2026 ha dejado al descubierto las verdaderas intenciones de un régimen que confunde la patria con su propio partido, en menos de dos semanas vimos el Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el inicio formal del proceso electoral de 2027 y el Grito de Independencia, los cuales lejos de ser eventos ciudadanos terminaron siendo parte de un mismo guion para consolidar el poder absoluto.

En la narrativa del oficialismo, la soberanía nacional ha sido distorsionada de manera alarmante, la misma ya no se entiende como el principio irrenunciable del pueblo para auto determinarse, sino como un escudo de impunidad partidista.

Desde la máxima tribuna del Ejecutivo, se busca convencer a la ciudadanía de que cuestionar al partido en el poder equivale a atentar contra la patria, convirtiendo la complicidad política en un supuesto acto de orgullo patriótico.

Esta confusión premeditada viene acompañada de una violación abierta y sistemática al marco constitucional. Y es que, la titular de la Presidencia vulnera de forma recurrente los artículos 41 y 134 de la Constitución al utilizar actos solemnes e institucionales, como el Informe de Gobierno o las festividades del Grito de Independencia, para posicionar discursos con explícito sesgo militante.

La Carta Magna impone a todo servidor público la obligación de conducirse con imparcialidad y prohíbe usar la propaganda gubernamental para incidir en la equidad de la contienda o enaltecer a una fuerza política. Sin embargo, el régimen borra la frontera entre el Estado y su partido sin el menor empacho.

Para empeorar el panorama, el Instituto Nacional Electoral (INE), quien debiera fungir como el árbitro neutral e imparcial de la democracia mexicana, es parte hoy del equipo oficialista. De hecho, el Proceso Electoral 2026-2027 arrancó este 10 de septiembre en medio de fuertes cuestionamientos a la autonomía de la institución.

La muestra más grave de esta captura institucional es el polémico acuerdo que avala la validez de las “boletas planchadas”. Al permitir que se computen papeletas sin rastros de haber sido dobladas para ingresar por la ranura de las urnas, el INE renuncia a su función fiscalizadora y abre la puerta de par en par a la manipulación de los paquetes electorales.

A esta permisividad se le suman la censura selectiva contra la oposición y la absoluta indolencia ante el derroche de recursos y las campañas anticipadas del partido en el poder. Si el árbitro arregla el reglamento a conveniencia de la escuadra oficial y valida las irregularidades, acudir a las urnas en 2027 y 2030 deja de ser un ejercicio democrático para transformarse en un mero trámite de ratificación autoritaria.

Frente a este escenario, la oposición y la ciudadanía deben asumir la gravedad del momento y replantearse a fondo la ruta a seguir. Ha llegado la hora de pasar a las acciones decisivas. La sociedad civil organizada necesita movilizarse con indignación en las calles para defender la legalidad y exigir la restitución de la certeza electoral. Al mismo tiempo, las fuerzas de oposición deben valorar decisiones drásticas: exigir la limpia inmediata del árbitro o plantear formalmente la no participación y la toma pacífica de las sedes del INE para impedir la convocatoria. Continuar en una contienda arreglada equivale a ser cómplices de la extinción democrática en México.