Ciudad de México.- Una serie de inconsistencias e insuficiencias probatorias llevaron a los tres militares involucrados en el caso Tlatlaya a dejar la cárcel.

De acuerdo con los argumentos del magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, Adalid Ambriz Landa, el fiscal no acreditó los hechos en los que sustentó la “calificativa ventaja y la participación de los procesados en la comisión del delito que se les atribuyó”.

“De lo anterior surge la ineficacia de los agravios expuestos por el fiscal de la Federación y el asesor jurídico de las víctimas indirectas.

“Pues con independencia de las razones jurídicas que el juez de primer grado sostuvo para estimar acreditada la conducta que se analiza, lo cierto es que a juicio de este tribunal de alzada no se acredita el elemento del cuerpo del delito”, refiere la resolución.

Establece que las pruebas contra los tres militares no son suficientes para acreditar que, después del primer evento de disparos en el rancho El Limón de aproximadamente ocho minutos (sostenido en la primera versión de los hechos), haya existido un segundo evento en el que los tres soldados ingresaron a la bodega y privaron de la vida a ocho presuntos agresores.

Desconfianza

De acuerdo con el Tribunal, la declaración de los testigos y procesados presentó inconsistencias: en un inicio afirmaron que sólo existió un evento de disparos y después, en otra declaración, indicaron que existió un segundo, donde presuntamente fueron “rematados” ocho civiles.

“(Los) argumentos que generan aún más incertidumbre y desconfianza sobre lo declarado por los mencionados atestes el 28 de septiembre de 2014, ante el fiscal de la Federación, pues como se vio, al declarar en preparatoria ante la presencia judicial, en esencia, se advierte que negaron haber expresado de viva voz y de manera espontánea, el contenido de esa segunda versión.

“Que el Ministerio Público de la Federación únicamente les pidió que firmaran ese documento, con la promesa que de esa manera se les ayudaría a todos los involucrados en los hechos investigados”, refiere una de las conclusiones del Tribunal.

“Dadas las omisiones, imprecisiones y contradicciones que presentan en sí mismos, sumado a lo contradictorio con la primera versión de los hechos narrada por las testigos de cargo el 4 de julio de 2014, y los elementos castrenses el 24 de septiembre del mismo año, cuya modificación no encontró sustento en las constancias del expediente que se analiza, no son legalmente suficientes para probar los hechos”, determinó el magistrado.

‘Encubrimiento’

La absolución fue criticada por Human Rights Watch que ve incluso “encubrimiento” en la libertad de los siete acusados.

“Ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, eran los únicos que enfrentaban cargos ante un tribunal civil.

Su sentencia absolutoria “es sumamente grave, porque consolida la impunidad de uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México”, expresó el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Santiago Aguirre.

‘Ellos cumplieron’

En octubre de 2015, el tribunal militar consideró que los siete militares, entre los cuales el comandante del grupo, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cumplieron con el manual de uso de fuerza del Ejército.

Y el tribunal castrense sólo impuso un año de prisión, que ya cumplió, a Rodríguez Martínez por haber desobedecido órdenes superiores, que exigían que en operativos nocturnos actuara con los 30 hombres a su cargo.

El subdirector del Centro Prodh dijo que la sentencia confirma que “los militares son intocables y no rinden cuentas en México”.

Al recordar que no es una sentencia definitiva, ya que aún admite amparos de los familiares de los ocho presuntos asesinados, Santiago Aguirre externó que le preocupa que en ella no se reconozca a Clara Gómez como víctima, asegurando que teme por su seguridad.

Alteración evidente

» En 2014, la PGR acusó a los militares de haber matado extrajudicialmente a ocho de los civiles, usando incluso las armas de los delincuentes muertos, pero la CNDH concluyó que fueron entre 12 y 15 ejecuciones, y que hubo una alteración del lugar de los hechos para simular que todas las personas habían muerto en el enfrentamiento.

Con información de Reforma y AFP

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