Sorprende a propios y extraños que el Presidente mexicano no haya acusado recibo de uno de sus mayores “logros”. En realidad se trata de una “victoria histórica” sobre el más odiado de sus rivales, el expresidente Felipe Calderón.

Y es que en solo 34 meses de gestión –en algo así como tres años y medio– el Gobierno de López Obrador superó las 120 mil víctimas de la violencia criminal que, en su momento, acumuló Calderón en todo su sexenio.

En efecto, en los seis años del Gobierno panista se produjo una violencia sin freno que arrojó poco más de 120 mil 436 muertes violentas. Es decir, una mortandad a manos criminales que, en su momento, escandalizó al entonces poderoso líder opositor AMLO, quien con toda contundencia motejó al Gobierno calderonista como el “sexenio de la violencia y el crimen”.

Lo curioso del asunto es que, a su vez, del 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, las muertes violentas documentadas en la gestión lopista superan las 122 mil; una cifra que coloca al Mandatario morenista como todo un “campeón mundial del crimen” por el número de muertes a manos de las bandas mafiosas.

Paradojas aparte, hoy nadie festeja ese “logro” de López Obrador sobre el expresidente Calderón; una “victoria” que, en realidad, debiera avergonzar al país y a los mexicanos.

Todo ello sin mencionar “otra victoria” también histórica de Andrés Manuel; que en su presidencia se superó el número cabalístico de 100 mil desaparecidos en lo que va del siglo; casi 40% de ellas ocurridas en los primeros 43 meses del actual Gobierno federal.

Y, claro, sin incluir la epidemia de feminicidios, extorsiones, asaltos a mano armada, secuestros y robo de vehículos; trata de personas, cobro de piso y tráfico de drogas…

Todas ellas actividades que crecen sin ningún freno entre las bandas del llamado crimen organizado; grupos criminales que, sin excepción, operan en todo el territorio nacional.

Pero además –y por si fuera poco– apenas en las últimas horas conocimos la más novedosa modalidad criminal; el asesinato de sacerdotes a manos de criminales que los abatieron a balazos al interior de una iglesia católica de Chihuahua.

Resulta que la tarde del lunes, en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, dos sacerdotes de la Compañía de Jesús fueron asesinados a balazos a manos de un sicario que perseguía a una víctima que se ocultó en la iglesia del pueblo. Los tres fueron masacrados.

Según los primeros informes, Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas del lugar, intentaron impedir que un sicario ejecutara a un hombre que perseguía y que ingresó a la iglesia en busca de refugio.

El matarife no dudó en cumplir su encomienda criminal y a balazos mató a los tres; al desconocido y a los dos sacerdotes, cuyos cuerpos sin vida permanecieron por horas al interior del templo.

En respuesta, la congregación de los jesuitas de México exigió justicia y a través de un comunicado advirtió: “No callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad; seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconociliación y paz, a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales”.

Sin embargo, ninguna de las modalidades de la violencia, arriba descritas, es novedad para millones de mexicanos que, a diario –en los últimos 43 meses– son víctimas del terror y la violencia. La novedad, en todo caso, es que la propia Iglesia católica advirtió del peligro de rebasar el límite de atentar contra sacerdotes.

Y el mejor ejemplo lo vimos el pasado fin de semana cuando el editorial del Semanario Desde la Fe –editado por la Diócesis Primada– se tituló ¡Vivimos un infierno!

En el texto, la iglesia católica pregunta: “¿Cómo hemos llegado a este desprecio por la vida humana, a la degradación de los valores, al endiosamiento de la impunidad, la maldad y el egoísmo? Todos somos responsables”, se lee. Pero los católicos van más allá con su crítica.

Dicen que los gobiernos federal, estatal y municipal “están rebasados por la delincuencia debido a que carecen de la capacidad humana, logística, económica, técnica e incluso moral, para hacer frente a la violencia criminal”. Pero la condena de la Iglesia tampoco es un hecho aislado.

En días pasados, el Congreso de Estados Unidos dio a conocer su informe sobre el avance de las bandas criminales en nuestro país –a partir de información del Departamento de Estado– en el que advierte que casi todo México es territorio de bandas criminales.

Incluso les pide a los ciudadanos norteamericanos extremar precauciones en sus viajes a México, no solo a causa de la incontenible ola de la pandemia, sino en especial de la violencia y el crimen.

El informe establece puntos de la geografía mexicana en donde “por ninguna razón” deben viajar ciudadanos de aquel país, a los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Guerrero y Michoacán, ya que existe el riesgo inminente de tiroteos, asesinatos, secuestro, extorsión, desaparición y agresión sexual.

También recomienda a sus ciudadanos “reconsiderar todo viaje” a entidades como Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Baja California y Nayarit, por las mismas razones de violencia extrema.

Y les pide “precauciones adicionales” si piensan viajar a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México y Tlaxcala.

Resulta que la iglesia católica y el Gobierno de EU consideran a México como “territorio criminal”. Y frente a esa tragedia, el cínico López Obrador dice haber cumplido 98 de 100 compromisos de su Gobierno.

El mundo terminará por colocarlo en el lugar que merece; en la lista de los mayores criminales de la historia.

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