ABC | Monterrey, N.L.- La Comisión Estatal de Dere­chos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) confirmó 119 casos de tortura cometidos por policías estatales en la administración del exgobernador Rodrigo Medina, sin que ningún elemento fuera sancionado.

La Organización de las Naciones Uni­das conoció de la situación, pero se le negó el acceso al mayor centro de tortura: la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Las policías de Nuevo León acumularon la mayor cantidad de recomendaciones entre 2007 y 2015, y superó los casos de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Vera­cruz, Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Durango, los estados más violentos del país en el sexenio de Felipe Calderón.

En Nuevo León el Ministerio Público concluyó que estos casos no se tipificaban como delitos. La Procuraduría de Justicia, que encabezó Adrián de la Garza, hoy al­calde de Monterrey, no inició investiga­ciones de oficio, aunque la ley la obligaba.

La dependencia afirma que sólo tiene registro de 16 denuncias y en ninguna comprobó tortura, por lo que las amo­nestaciones a los policías sólo fueron de tipo administrativo y no penal.

La CEDHNL presentó denuncias con base en los 119 casos, pero de las investiga­ciones abiertas lo único que se informa es que “están en trámite”, asegura el segundo visitador, Víctor Hugo Palacios.

La práctica de la tortura incluso se eje­cutó para fabricar culpables en uno de los casos más violentos ocurridos en el país: el incendio del Casino Royale, en 2011.

El solapar la tortura como método po­licial provocó que los casos se duplicaran: de 21 registrados en 2012, llegaron a 44 en 2013.

Según la CEDHNL, los elementos de la AEI torturaron más que todas las corpora­ciones estatales de seguridad del país en el mismo periodo (2007-2015) y recibieron 74 recomendaciones por tortura, contra 36 emitidas a todas las policías de Michoacán, segundo lugar nacional.

El ex segundo visitador de la CEDHNL, Sergio Méndez, sostiene que a Rodrigo Medina ‘le valía un cacahuate’ que se do­cumentara la tortura, sólo se preocupaba por no pagar indemnizaciones.

‘Si tienes 90 recomendaciones ¿qué prueba?: una política, sistematicidad y generalidad, un estado grave de viola­ción a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Si quisieran investigar al exgobernador por ese motivo, tendrían todas las bases para acusarlo’, asevera.

En su informe 2014, el relator de la ONU, Juan Méndez, indica que la AEI fue el único lugar al que no pudo entrar en su visita al país.

La Procuraduría Estatal de Justicia ase­gura que aplica el Protocolo de Estambul para determinar tortura y cuenta con 19 peritos especializados que no pudieron determinar este delito en ninguno de los casos, mientras que los dos peritos de la CEDHNL confirmaron más de cien.

Armando Rodríguez, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democra­cia, plantea que las víctimas pudieron ser presionadas y que la élite política y la Procuraduría estaban más interesadas en mejorar la imagen del Estado.

Los torturados presentan lesiones por descargas eléctricas, dislocación, quema­duras por ácido o soplete y problemas de hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva) causados por golpes con la mano abierta en los oídos, de acuerdo con Ángel Chapa Martínez, responsable de aplicar el Protocolo de Estambul en la CEDHNL.

Al respecto, Minerva Martínez, quien estuvo al frente de la CEDHNL de diciem­bre de 2007 a diciembre de 2015, explica que ‘fue a través de un grupo multidisci­plinario de médicos, psicólogos, psiquia­tras, así como visitadores, que pudimos documentar la tortura que se incremen­tó mucho en años pasados, junto con la violencia’.

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