En la década de los 30 del siglo pasado, un grupo de arquitectos y urbanistas europeos se reunían en la capital de Grecia, para discutir sobre los espacios en las ciudades del mundo desarrollado, una de sus conclusiones fue la separación de las áreas urbanas en función del uso del suelo: habitacional, comercial, industrial, recreativo, etcétera. De acuerdo con esa segregación, la vivienda no se planificaba cerca de los centros de trabajo, ni esta, tampoco estaba próxima al sector comercial, y así en el resto de los usos del suelo mediaba una considerable distancia entre ellos.

Esa visión romántica de la planificación de los asentamientos humanos no tuvo el éxito esperado, se cumplía solo en los mapas y planos proyectados por los urbanistas. Debido a lo anterior, y de responder al caos que ha prevalecido en las ciudades, más tarde otro grupo de notables, también desde Atenas, coincidían en la propuesta de diseñar áreas urbanas y ciudades en función de la gente, y no en el automóvil. Para ello, se buscaba la proximidad locativa de todos los sectores urbanos que guardaban una relación directa e indirecta con el ciudadano.

Hasta nuestros días este pensamiento, con ciertos matices y perfeccionamientos ha prevalecido, al menos desde el plano teórico, aunque en los países escandinavos varias de sus propuestas se han implementado en sus ciudades. Ese modelo urbano, considera como determinante el transporte público para su buen funcionamiento y también el uso cotidiano de la bicicleta para los desplazamientos entre la localidad.

Los avances tecnológicos que se han tenido en las comunicaciones y modos de transporte, y que recientemente se incorporaron en la planificación urbana, algunos de ellos, se pueden considerar todavía para las poblaciones intermedias de Latinoamérica, como el transporte público. Saltillo, por el número de sus habitantes, se clasifica en esa categoría.

Infortunadamente administraciones municipales se suceden y los saltillenses no notan cambios en su entorno. Los grandes proyectos de transporte y vialidad, así como obra pública de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial, entre otras, han quedado rezagados, o en el mejor de los casos abandonados a su suerte; sin duda por la limitante de recursos estatales hacia los municipios, debido al tortuoso y largo sendero que ha significado el pago puntual de la deuda bancaria generada por gobiernos de antaño, y heredada en el largo plazo a todos los contribuyentes. Por ello, en la capital de Coahuila ha imperado el crecimiento urbano desordenado, atribuible a lo anterior, y también propiciado por los intereses de las desarrolladoras inmobiliarias, que se han antepuesto a los requerimientos del medio ambiente y a las necesidades sentidas de la sociedad.

A pesar de ello, aún se puede aspirar a un transporte público amigable con el ecosistema y con el bolsillo de los habituales pasajeros. En términos generales y particulares, el transporte público que utilizan los saltillenses para desplazarse ha sido deficiente y costoso para el usuario, un ejemplo ilustra la aseveración comentada. El sorprendente, para el consumidor, aumento en la tarifa en la línea de autobuses Saltillo-Ramos Arizpe, cuya distancia, siendo generosos, no supera los 20 kilómetros, entre ambas ciudades. El precio del boleto, pasó de 15 a 18 pesos, un incremento de 20%, que está muy por encima de la tasa de inflación en 2020 y 2021, y de la alza de los combustibles y aditivos en el segundo semestre de 2021.

Tal parece que fue un acuerdo silente, negociado por las autoridades municipales, el sindicato y los concesionarios de la línea de transporte, los cuales tienen más de 50 años explotando la concesión, y sin competencia, monopolizando el servicio. Ante la ciudadanía no se ha presentado algún estudio de carácter económico, que trate de justificar la subida del costo del boleto, y menos un compromiso de la empresa para mejorar el servicio, o del Municipio para exigírselo. Los choferes de las unidades siguen levantando pasaje por arriba del cupo del autobús, quebrantando los límites de velocidad al circular, y sin portar ropa adecuada y reglamentaria para el ejercicio de su trabajo. La sensibilidad social no se vio reflejada en el Instituto Municipal de Transporte, porque fue el ciudadano o el consumidor final quien absorbió totalmente el incremento a la tarifa.

Los gobiernos municipales de Saltillo y Ramos Arizpe pudieron haber intervenido, como ha sucedido en otras ciudades del país, para regular la subida del precio y proteger la economía familiar. Existen diferentes formas de intervención de la autoridad, que están en función de la creatividad y voluntad de servir de los funcionarios a la comunidad. Se mencionan algunos programas: La Gestión de créditos ante la banca de desarrollo para la compra de unidades, que permita disponer de una flotilla menos contaminante, acompañado de un programa de “chatarrización”, que incentive a los concesionarios a la renovación de sus autobuses.