Oaxaca.- A los 10 días de su parto, y con un cuadro positivo de covid-19, Heidi fue detenida por agentes Estatales de Investigación por su presunta participación en la desaparición de una persona de nacionalidad estadunidense; en esa misma fecha, el 24 de febrero pasado, también arrestaron a su hermano Roberto Sebastián, paciente con VIH, por el mismo delito.

Durante el operativo para ejecutar la orden de aprehensión en contra de los hermanos, la madre de ambos murió a consecuencia del sobresalto.

Roberto Gandarillas, abogado de los imputados expuso que la orden de detención la emitió el Juez de Control de Valles Centrales, a pesar de que Heidi, acreditó estar en periodo de puerperio (10 días del alumbramiento de su hija), presentar síntomas de coronavirus, además de estar en periodo de lactancia.

El defensor resumió en entrevista que el juzgador rechazó autorizar la prisión domiciliaria, debido a que la vivienda de Heidi está fuera de la jurisdicción del juzgado, por ello, decidió enviarla al Penal Femenil de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, donde contrajo una infección en la herida quirúrgica de cesárea, se le negó la revisión médica, aún tiene secuelas de covid-19, y sobre todo no les han permitido ver a su bebé para alimentarla”.

El juez no hizo un análisis con perspectiva de género, infancia y enfoque diferenciado, por el impacto que tiene la cárcel por motivos de géneroE, subrayó.

Añadió que el representante del Poder Judicial del Estado tampoco tomó en cuenta que Corte Interamericana reconoció que “las mujeres embarazadas que se encuentran en prisión representan un grupo especialmente vulnerable que debe ser protegido por el Estado, y que, por su condición, las mismas situaciones que afectan al resto de la población carcelaria pueden implicar una afectación diferencial en sus derechos”.