La Razón | Culiacán, Sinaloa.- La trata de personas es el tercer crimen organizado más lucrativo, sólo detrás del tráfico de drogas y de armas, consideró la diputada local Artemisa García Valle, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia.

Al participar en el “Taller sobre la Ley General en Materia de Trata de Personas en México y sus implicaciones en las Entidades Federativas”, señaló que en México, los grupos vulnerables son los más afectados.

La legisladora sinaloense señaló que entre estos grupos vulnerables se encuentran las personas indígenas, migrantes indocumentados, así como mujeres y niños.

La trata de personas se sujeta al aprovechamiento del recurso humano explotado y presenta diferentes modalidades; con fines de explotación sexual; explotación y esclavitud laboral, a través de la cual se dan el trabajo infantil y los matrimonios serviles.

La diputada agregó que también se presentan las adopciones ilegales y la trata con fines de venta de órganos.

De acuerdo a la Oficina de Las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, dijo, México está catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, para explotación sexual comercial y del trabajo forzado.

Dijo que según el gobierno, más de veinte mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata de cada año, especialmente en las franjas fronterizas y turísticas.

La mayoría de las víctimas tratadas en el país son extranjeras, especialmente para la explotación sexual comercial.

Son provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador; la mayoría para tránsito, en el camino a los Estados Unidos y, en un grado inferior, a Canadá y a Europa Occidental.

Consideró que otro problema es el turismo sexual infantil, que continúa creciendo en el país, especialmente en áreas como Acapulco y Cancún, así como ciudades norteñas de la frontera como Tijuana y Ciudad Juárez.

Las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Quinta Roo y el Distrito Federal.

“Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que estar en zonas de mayor riesgo para poder actuar en el tema”, dijo.