Londres.-La Corte de Magistrados de Westminster, Londres, dio luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, en agravio del estado de Veracruz.

El juez del caso, Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición.

No obstante, el magistrado indicó que remite el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la responsable última de dar el visto bueno final a la entrega de Tubilla a México.

México solicitó la extradición de Tubilla, exesposa del antiguo gobernador de Veracruz Javier Duarte, en relación con unos fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero que ella rechaza.

Tubilla estaba en el Reino Unido cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, barrio del centro de la capital británica, a raíz de una orden de extradición remitida a través de Interpol.

En ese momento Tubilla quedó en libertad bajo fianza, antes de que empezara el proceso legal de extradición.

Durante las vistas celebradas en la Corte de Magistrado de Westminster, a cargo del juez Paul Goldspring, tanto el abogado de Tubilla, Aaron Watkins, como el del Gobierno mexicano, Mark Summers, expusieron sus argumentos sobre la extradición.

Según Watkins, Tubilla no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF y arguyó que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.

Asimismo, el letrado rechazó el vínculo de Tubilla con su ex marido, que ha sido condenado a nueve años de prisión por asociación delictiva y lavado de dinero, y negó que los nombramientos que hizo Duarte en el DIF tuvieran conexión con su ex mujer.

Por otro lado, el abogado de las autoridades mexicanas argumentó que las pruebas de fraude son completas y convincentes, y mencionó los testimonios de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF.

Summers defendió, además, las garantías de seguridad ofrecidas por el Gobierno mexicano.