Ciudad de México.- El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, confirmó la suspensión condicional del proceso penal en contra de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), implicado en el caso del incendio en una estación migratoria en marzo de 2023, donde murieron 40 migrantes.

Por unanimidad, los magistrados declararon infundada la impugnación presentada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a ocho víctimas. Esta organización cuestionó la legalidad de la audiencia en la que el juez de control, Víctor Manlio Hernández Calderón, otorgó la suspensión del proceso, alegando que aún había amparos pendientes promovidos por las víctimas.

También señalaron que el acuerdo de reparación del daño no cumplía con los lineamientos legales, y que el monto debía ser cubierto directamente por Garduño Yáñez y no por el Estado mexicano, dado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había determinado la existencia de violaciones graves a derechos humanos.

Sin embargo, el tribunal respaldó el proyecto del magistrado Octavio Pineda Toribio, quien afirmó que el juez de control actuó conforme a derecho al llevar a cabo la audiencia, ya que existía una suspensión otorgada a Garduño dentro de un juicio de amparo.

Respecto a la reparación del daño, Pineda Toribio señaló que no era necesario contar con una sentencia condenatoria para otorgar la suspensión condicional del proceso y que el hecho de que el Estado haya cubierto el pago —300 millones de pesos distribuidos entre las víctimas— no invalida el mecanismo legal.

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Es un monto que difícilmente podría cubrir una sola persona, por lo que se priorizó la reparación integral del daño”, añadió el magistrado, subrayando que Garduño, como servidor público, realizó gestiones para cumplir con dicha reparación.

Con esta resolución, se mantiene la suspensión del proceso penal contra el titular del INM, quien continuará bajo las condiciones establecidas en el acuerdo judicial.