Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, una medida que le permitiría desplegar tropas federales para sofocar disturbios o rebeliones, como parte de su estrategia contra ciudades gobernadas por demócratas.

“Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, afirmó Trump desde el Despacho Oval, al insistir en que actuaría si los gobernadores o alcaldes impidieran la intervención federal en situaciones de violencia.

La declaración se produce luego de que una juez federal en Illinois, April M. Perry, rechazara suspender de inmediato el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, solicitado por el propio Gobierno estatal y la ciudad, que demandaron a Trump por ordenar la movilización de 400 elementos para controlar las protestas contra las redadas migratorias.

Durante la audiencia, la magistrada anunció que revisará el caso antes de decidir si bloquea o no el despliegue, y programó una nueva sesión para este jueves. Mientras tanto, el Ejército estadounidense confirmó que las tropas, procedentes de Texas, llegarán a Illinois entre martes y miércoles para recibir entrenamiento previo a sus operaciones.

El gobernador JB Pritzker criticó la medida, calificándola como “una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal”. A su vez, el fiscal general Kwame Raoul afirmó que las acciones de Trump son ilegales, pues “ningún mandatario puede saltarse la Constitución”.

Raoul sostuvo que el presidente ha excedido su autoridad al ordenar la federalización y despliegue de la Guardia Nacional sin fundamento legal alguno.

El conflicto se agrava en medio de las protestas contra las redadas migratorias en Chicago, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza hirieran a una ciudadana estadounidense durante un operativo en el área de South Side.

Además, este mismo lunes una juez federal bloqueó un intento similar de Trump de enviar 300 elementos de la Guardia Nacional de California a Portland, Oregón, con el argumento de combatir manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).