Washington, Estados Unidos.- La administración del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le autorice terminar anticipadamente los permisos humanitarios otorgados a más de 500 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Se trata de una apelación de emergencia presentada luego de que un tribunal federal en Boston bloqueó la cancelación del programa que permite a estas personas vivir y trabajar legalmente en el país. La medida, emitida en abril por la jueza Indira Talwani, frenó los planes del gobierno republicano de revocar dichos permisos, que comenzarían a expirar este mes.

En su solicitud, el equipo legal de Trump sostuvo que el fallo representa una intervención indebida en las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al impedir que se implemente una política migratoria diseñada por el Ejecutivo. “El tribunal de distrito ha invalidado una de las decisiones más significativas en materia de migración de esta administración”, señaló el Procurador General John Sauer.

La jueza Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, argumentó que el intento de cancelación se basó en una interpretación errónea de la ley, y advirtió que los beneficiarios enfrentarían una disyuntiva extrema: abandonar el país o permanecer expuestos a la deportación.

El caso se suma a una serie de apelaciones urgentes que el gobierno de Trump ha presentado en temas migratorios, como parte de su línea dura en esta materia. Durante su campaña, prometió deportar a millones de personas y ha intentado desmantelar políticas impulsadas por la anterior administración de Joe Biden, que ofrecieron nuevas vías legales de entrada a personas con patrocinadores financieros.

Bajo la presidencia de Biden, se amplió el uso de la figura del permiso humanitario, una herramienta legal vigente desde 1952, que permitió el ingreso controlado de más de medio millón de personas entre finales de 2022 y 2024. La autorización tenía una vigencia de dos años, incluyendo el derecho a trabajar legalmente.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han calificado como “sin precedentes” la intención de anular el programa y han advertido que podría contradecir regulaciones federales.

La decisión final ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si el Ejecutivo tiene la facultad de revertir una política migratoria ya en curso, y qué consecuencias tendrá ello para miles de familias que, hasta ahora, viven bajo una protección temporal.