Washington, D.C. — El presidente Donald Trump ha reavivado su controversial propuesta de elaborar un censo que excluya a los inmigrantes indocumentados de la población total.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario insinuó que el nuevo recuento se basaría en “datos y cifras actuales”, así como en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, para dejar fuera a las personas que viven en el país “sin autorización”.

Esta iniciativa, que ya fracasó durante su primer mandato, ha generado una rápida reacción por parte de expertos y críticos. Especialistas en demografía y derecho constitucional sostienen que un censo de esta naturaleza sería inconstitucional e ilegal, y que el presidente carece de la autoridad unilateral para ordenar tal cambio.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que la asignación de escaños en el Congreso debe basarse en el “número total de personas en cada estado”, sin distinción de su estatus migratorio.

Consecuencias políticas y económicas

La exclusión de los aproximadamente 11 millones de indocumentados tendría profundas implicaciones en la distribución del poder político y de los fondos federales.

Expertos señalan que esta medida podría modificar el reparto de escaños en la Cámara de Representantes, potencialmente beneficiando a los estados de mayoría republicana.

Un estudio del Pew Research Center de 2020 sugirió que, de haberse implementado un censo sin indocumentados, estados como California, Florida y Texas habrían perdido escaños, mientras que otros como Alabama, Minnesota y Ohio habrían ganado.

Además del impacto político, la propuesta de Trump afectaría la distribución de 2.8 billones de dólares en gasto público anual. Estos fondos se asignan a nivel estatal y local para financiar servicios esenciales como la educación, la atención médica y la asistencia alimentaria.

La exclusión de millones de personas del conteo resultaría en una menor asignación de recursos para las comunidades donde residen, a pesar de que estas personas seguirían necesitando y utilizando dichos servicios. La medida es calificada como un impuesto regresivo, ya que afectaría desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos.

Un intento con antecedentes legales

La batalla legal por el censo no es nueva. En 2019, la Corte Suprema bloqueó el intento de Trump de reintroducir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020.

Aunque el presidente volvió a intentar excluir a los indocumentados de las cifras de redistribución, la iniciativa fue desestimada por los tribunales. Expertos, como la exfuncionaria del Congreso Terri Ann Lowenthal, afirman que el censo se rige por la ley y la Constitución, y que cualquier cambio requeriría una modificación legislativa aprobada por el Congreso, lo que hace “casi imposible” que la propuesta de Trump se concrete.

Con información de Univisión Noticias