Ciudad de Victoria.- El Congreso de Tamaulipas derogó hoy el acuerdo que aprobó hace un mes para establecer las reglas de procedimiento de desafuero del Gobernador de Tamaulipas.

La Cámara de Diputados había interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el acuerdo que emitió el Congreso local para buscar proteger al panista Francisco García Cabeza de Vaca tras el proceso de desafuero solicitado por la FGR.

“El Congreso local deja sin efectos las reglas para la declaración de procedencia de desafuero en contra de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado“, señaló el legislativo a través de un comunicado.

“En ese sentido, la idea de la abrogación es eliminar totalmente las posibles confusiones y anular una atmósfera de enrarecimiento sobre el tema de desafuero“.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, Félix García Aguiar, diputado local del PAN que presentó la iniciativa el pasado 2 de marzo, indicó que dichos acuerdos, lejos de representar un intento de blindaje institucional, representan el cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo pidió someter a consideración del Pleno dejar sin efectos los acuerdos y cooperar a eliminar falsas interpretaciones.

La demanda de la Cámara de Diputados también impugnó los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de la aplicación del acuerdo del Congreso del Estado, tras acusar que invaden atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión en torno al procedimiento de declaración de procedencia.

Esta solicitud fue signada por la diputada federal Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados.

El documento puntualiza que se violentan diferentes disposiciones de la Constitución federal, tras vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.

Además, menciona que el Congreso de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, como plantea el acuerdo derogado, lo que implicaría dejar sin efecto el proceso substanciado ante la Cámara de Diputados.