Ciudad de México.- La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) trabaja en el perfeccionamiento de las indagatorias iniciadas entre 2014 y 2015 y actuará nuevamente contra 65 personas que estuvieron directamente relacionadas con la privación ilegal de la libertad y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos líderes de Guerreros Unidos; el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, revelan informes y autoridades consultadas por La Jornada.

A partir de esta labor se espera que hacia finales de 2025 comiencen las etapas de conclusión o de sentencia contra los implicados en la desaparición, con los nuevos indicios recabados, indicaron autoridades entrevistadas con base en expedientes e informes que se han elaborado en conjunto con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

A la fecha se han integrado más de 300 pruebas en los expedientes principales para sustentar las acusaciones contra los involucrados en la desaparición.

La unidad encabezada por el fiscal Rosendo Gómez Piedra, quien está por cumplir dos años al frente de la Ueilca, ha reaprehendido en los últimos meses a 19 de los 65 liberados por decisión de autoridades judiciales en 2019, bajo el argumento de actos de tortura cometidos en su contra.

El juez federal Samuel Ventura Ramos fue quien en diversas causas penales y con base en una sentencia de amparo emitida por un tribunal colegiado, dictó libertad en ese año a 24 policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco, así como a presuntos miembros de Guerreros Unidos involucrados en la privación ilegal de la libertad y desaparición de los 43 estudiantes.

Por sus resoluciones fueron liberados 77 presuntos responsables, entre ellos Gildardo López Astudillo, El cabo Gil, identificado como uno de los líderes regionales de Guerreros Unidos que conoció de la privación ilegal de la libertad y habría ordenado el homicidio de un grupo de estudiantes la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Al respecto, esas liberaciones ocurrieron, señalaron las fuentes, porque el tribunal colegiado y el juez que ordenaron la excarcelación de los presuntos responsables de lo sucedido con los normalistas, dieron un plazo de 10 días a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para que practicara Protocolos de Estambul a los inculpados, tiempo insuficiente porque esas pruebas tardan en realizarse alrededor de tres meses, lo que hizo imposible cumplir con el fallo judicial.

Fue hasta 2022, ya bajo el mando del fiscal Gómez Piedra, que la Ueilca retomó los expedientes, buscaron en los archivos las pruebas que no se habían desacreditado por actos de tortura y, “como se pueden perfeccionar los expedientes, se trabaja bajo la perspectiva de la desaparición forzada y no del delito de secuestro. También, indicaron, se han realizado los Protocolos de Estambul y se ha corroborado que en 57 de los casos más emblemáticos –entre los que se encuentra El cabo Gil– no fueron objeto de violaciones a derechos humanos, por lo que ya se han obtenido y ejecutado 12 órdenes de aprehensión contra quienes participaron en la desaparición de los estudiantes y hay 13 órdenes más ya concedidas”.

En la actualidad, la Ueilca cuenta con 135 expedientes en trámite, hay 151 personas sujetas a proceso penal, de las que 120 se encuentran en prisión preventiva y 31 obtuvieron el beneficio de libertad condicional o prisión domiciliaria, como es el caso del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam.

La Ueilca mantiene en integración y desahogo en tribunales la causa penal 04/2018, en la que se acusa a Abarca de la muerte de dos integrantes del equipo Avispones, un taxista y una maestra en hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014; el expediente 01/2022 por desaparición forzada contra un grupo de estudiantes distinto a los 43 de Ayotzinapa; la 15/2022 y 102/2014 por delincuencia organizada.

Abarca tiene ya una sentencia de 60 años de prisión por el delito de homicidio cometido en agravio de siete activistas sociales, entre ellos Arturo Hernández Carmona.

A su vez, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, enfrenta dos causas penales por delincuencia organizada.

Se informó que se han librado 20 órdenes de aprehensión contra militares como parte de estas indagatorias. Se ha iniciado proceso penal a dos generales por delincuencia organizada, ya que presuntamente existen señalamientos directos de que protegían envíos de droga de Guerreros Unidos a Estados Unidos.

A otros 15 miembros del Ejército se les acusó por desaparición forzada por omisión, al conocer lo que estaba ocurriendo la noche del 26 de septiembre en Iguala.