El jueves 10 de agosto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó su informe bianual sobre pobreza multidimensional en México, correspondiente a 2022.

Y sí, como era de esperarse debido a las transferencias de pensiones del Bienestar y becas Benito Juárez, prácticamente la única política pública del Gobierno federal, el número total de personas en situación de pobreza por ingresos disminuyó en casi 9 millones, lo cual podría considerarse un logro de la autodenominada “cuarta transformación”.

Pero el asunto no se puede reducir a esa cifra. No es tan simple como eso.

El propio Coneval revela un dato terrorífico en su reporte: de 2018 a 2022, es decir, en la plenitud del obradorato, aumentó en 30.3 millones de personas la carencia de acceso a los servicios de salud, al pasar de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022.

Y tiene sentido considerando que el Seguro Popular fue extinto en diciembre de 2019 para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en funciones desde enero de 2020 hasta marzo de 2023 en que fue desaparecido debido a su ineficacia para renacer ahora como programa IMSS-Bienestar, es decir, el único reducto del Estado para atender a personas sin cobertura de salud (seguridad social laboral).

No solo eso. Existen otros indicadores vinculados que se creían superados hace décadas y que ahora regresan, como el aumento de la mortalidad materna, la caída en la cobertura de vacunación, especialmente infantil, o la dificultad para acceder a servicios de especialidad.

A lo anterior hay que agregar el déficit educativo (agravado por la pandemia y coronado por los tóxicos libros de texto que se pretende implementar para el ciclo escolar 2023-2024).

O que 50% del país no tiene seguridad social, y también se trata del sexenio con más homicidios dolosos de la historia: 163 mil al día de hoy.

Dicho esto, un adulto mayor (al que nadie se atrevería a cuestionar su pensión como un derecho adquirido y de rango constitucional) acude a una sucursal del Banco del Bienestar a retirar su transferencia en efectivo.

Ese gesto incuestionable, inembargable, implica que a cambio haya un rezago educativo, cada vez menos acceso a la salud, y más inseguridad.

O lo que es lo mismo: un país roto por incompetencia y sectarismo.

Cortita y al pie

Si bien Coahuila es uno de los estados (junto con Nuevo León, Chihuahua y Baja California) donde menos del 20% de su población vive en la pobreza, siendo uno de los mejor evaluados en el citado reporte del Coneval, durante cuatro años el argumento único para defender los recortes de participaciones federales, cancelación de fideicomisos y nula asignación de recursos para proyectos a la entidad, socorrido en infinidad de ocasiones por el entonces delegado de Bienestar, Reyes Flores Hurtado, se basó en sumar el monto de las becas y pensiones entregadas a los coahuilenses, y agregar esa cantidad al presupuesto de egresos del Estado, atizando la creencia de que ahora el dinero llega de manera directa a los beneficiarios, y no a través de terceros (en este caso dependencias de Gobierno, tanto federales como estatales).

Sin embargo eso supone hacer líquida la Administración. Convertirla en efectivo. Que haya un solo benefactor y millones de beneficiarios. El desmantelamiento del Estado.

La última y nos vamos

Es, en el fondo, la metáfora del cajero automático (del Banco del Bienestar, sin dinero como usualmente ocurre, y con filas kilométricas que suponen invertir tiempo y esfuerzo para poder cobrar) en medio de la nada: hay transferencias en efectivo, sí, pero cada vez menos Estado mexicano.

Y eso, a la larga, es contraproducente, pues ampliar el número de pensiones e incrementar su monto (a 6 mil pesos bimestrales) como se pretende hacer en 2024 en medio de la elección presidencial con visos de clientelismo electoral, eventualmente terminará por explotar la burbuja del gasto público.

Y entonces ya no habrá pensiones y cada vez menos Estado mexicano. Ese será entonces el legado de la “cuarta transformación”.