La manifestación pública de Armando Guadiana Tijerina para contender por la Presidencia Municipal de Saltillo en 2021, abanderado por Morena, traerá por consecuencia que deje su escaño en el Senado y, en estricto sentido legal, ocupe su lugar el suplente: Reyes Flores Hurtado, actualmente delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila.

En tanto eso sucede -de llegar a ocurrir- cabría preguntarse qué ha hecho el funcionario número uno del Gobierno federal en la entidad, a propósito de la coyuntura electoral.

No mucho, en realidad. Su trabajo hasta el momento ha sido el mismo que haría una máquina que asigna turnos de forma automatizada. Esta última, no obstante, con menor margen de error. Aparece cuando hay pago de becas y pensiones, declara cualquier cosa a los medios de comunicación, y vuelve al bajo perfil hasta el siguiente bimestre. Enjuague y repita.

Sin embargo, existe un fenómeno peculiar, por llamarlo de alguna manera, que se manifiesta en la delegación.

En 2020, para contextualizar, aparece un reporte sistemático de gastos en su información pública, curiosamente por la misma cantidad, independientemente del concepto que se trate: 207 mil 759 pesos, sin IVA.

Contrario al resto de los mortales, quienes nos basamos en la ley de la oferta y la demanda, para la Delegación todo vale lo mismo, o todo se lo venden al mismo precio. Así, por ejemplo, pagó una idéntica cantidad por “arrendamiento de mobiliario para los operativos de los Programas para el Desarrollo”, “producto alimenticio para el personal dentro de las oficinas”, “adquisición de material, útiles y equipos menores”, “servicio de impresión de material informativo” y “material de limpieza”. Siempre 207 mil 759 pesos, sin IVA.

Poco probable que se trate de una coincidencia múltiple, particularmente cuando el plazo de las contrataciones varía, en algunos casos de enero a diciembre de 2020, en otros de abril hasta finalizar el año, y unos más de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal pasado.

Se trata de 12 supuestos contratos reducidos a “datos relevantes”, identificados con los folios AA/BIEN/SA/COAH/025/2020; AA/BIEN/SA/COAH/016/2020; AA/BIEN/SA/COAH/015/2020; AA/BIEN/SA/COAH/014/2020; AA/BIEN/SA/COAH/018/2020; AA/BIEN/SA/COAH/017/2020; AA/BIEN/SA/COAH/020/2020; AA/BIEN/SA/COAH/012/2020; AA/BIEN/SA/COAH/013/2020; AA/BIEN/SA/COAH/008/2020; AA/BIEN/SA/COAH/007/2020 y AA/BIEN/SA/COAH/002/2020, acompañados de un respectivo anexo explicativo cada uno, que no es otra cosa más que un oficio de tres párrafos donde se justifican las razones para optar por adjudicación directa en lugar de licitación. Básicamente un machote genérico que textualmente dice: “podrá realizarse dicho procedimiento cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”.

Y agrega: “al respecto se debe recordar que actualmente existe una contingencia sanitaria derivada del Covid-19”.

Dicho lo anterior, no se trata de un error de dedo, pues los documentos comprobantes fueron anexados, cada uno por separado, a la plataforma de transparencia, como si hubiesen sido elaborados en serie.

Cabe señalar que no hay una sola rúbrica, ni mayores datos acerca de las personas físicas beneficiadas como proveedores, en este caso Carlos Alfonso Durán Alcocer, Mariano Flores Jiménez, Patricia Lizzeth López Rodríguez, Francisco Eduardo García Esteves, Melisa Carrillo Núñez y Jesús Artemio Montoya Pérez, además de las personas morales Grupo Empresarial Rosei y Xpress Impresores.

Y si bien la cifra total: 2 millones 892 mil pesos, puede no ser relevante, su importancia radica en el manejo sui generis de los recursos públicos.

Una de dos: o la delegación a cargo de Reyes Flores lleva una administración meticulosa, tan exacta que coinciden todos los rubros hasta en los centavos, o se firman contratos al vapor, sobre las rodillas, con tal de justificar el uso discrecional del dinero, sin ningún tipo de control ni auditoría.

Cortita y al pie
Ahí es donde se puede gestar una relación peligrosa: ni nosotros tenemos por qué informar, ni ustedes tienen por qué saber. Un vínculo (gobernante-gobernado) basado en la confianza y la buena fe, además de la popularidad y aceptación del Presidente. Pero no en la transparencia y rendición de cuentas, lo verdaderamente importante.

La última y nos vamos
Es fácil: si no publicas lo que gastas en realidad, la austeridad está garantizada. El universo de los “otros datos”, o la alquimia financiera.