En 2017 concluyó la Administración panista de Isidro López Villarreal como Presidente Municipal de Saltillo. A la distancia, cuando a punto está de concluir otro cuatrienio y con motivo de la campaña electoral de Ayuntamientos en curso, pareciera un periodo que ya forma parte de la historia y ninguna relevancia tendría en el presente; sin embargo, en su contra existen cinco querellas penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción pendientes de resolver, mismas que suman 386.7 millones de pesos en irregularidades observadas de 2014 a 2016.

Un “pendiente”, pues.
En medio de la emergencia sanitaria pasó desapercibido el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización 2020, realizado por la Auditoría Superior del Estado, pero en el documento referido se informa el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y demás acciones que derivan de los resultados de las auditorías practicadas, dentro de las cuales destaca la promoción de responsabilidades administrativas que dicho órgano realiza ante las autoridades competentes.

Las denuncias, pues. Y ahí es donde la gestión de Isidro López destaca.

Respecto de las irregularidades advertidas en la revisión de la cuenta pública del 2014, la Auditoría Superior presentó el 28 de agosto de 2018 ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción la denuncia y/o querella penal por irregularidades cuantificadas en 68 millones 707 mil 505 pesos contra “quien o quienes resulten responsables”, la cual se ubica en “carpeta de investigación”.

Se trata, para dimensionar, del mayor monto entre los 38 municipios del estado auditados en dicho ejercicio fiscal.

El 15 de noviembre de 2018, a su vez, la Auditoría Superior presentó una denuncia estimada en 175 millones 914 mil 616 pesos producto de la cuenta pública 2015, de igual forma contra “quien o quienes resulten responsables”, y también se encuentra en carpeta de investigación.

Una vez más en ese periodo Saltillo fue el Ayuntamiento número uno en irregularidades.

Y de la cuenta pública 2016 existe otra querella por 100 millones 884 mil 141 pesos presentada el 17 de diciembre de 2018 contra “quien o quienes resulten responsables”. Descansa igualmente en carpeta de investigación.

Por tercer año consecutivo el Municipio fue primer lugar estatal en irregularidades.

Por si fuera poco, con base en la denuncia presentada por el entonces diputado federal del PAN, César Flores Sosa, ante el Congreso del Estado el 3 de mayo de 2016, la Auditoría Superior presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado una querella penal por 22 millones 344 mil pesos, observados en el ejercicio fiscal 2016.

Y gracias a la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados del grupo parlamentario del PRI, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el 10 de febrero de 2017, la Auditoría Superior presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado una denuncia por 18 millones 892 mil 492 pesos, basada en los años 2014, 2015 y 2016.

Ambas en carpeta de investigación desde que fueron presentadas el 23 de julio de 2018.
Por lo demás, el Ayuntamiento de Saltillo mantuvo un récord negativo de 29-0: de 18 recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior a su cuenta pública 2014, ninguna fue atendida; en 2015 tampoco atendió ninguna de las seis recomendaciones, ni las cinco correspondientes a la cuenta pública 2016.

Cortita y al pie
Ramón Oceguera, exedil priista de Ramos Arizpe, y Evaristo Madero, del Partido Verde en Parras, fueron sujetos a proceso penal recientemente. Cada uno en la víspera de una campaña electoral, circunstancia que no se puede pasar por alto. De 2020 y 2021, respectivamente.

Ambos exalcaldes, no obstante, fueron liberados con brazalete electrónico.

Aunque sus motivaciones constituyen delitos menores a comparación de lo fiscalizado en el cuatrienio de Isidro López.

La última y nos vamos
La cifra no es menor: 345 millones 506 mil 262 pesos entre sus primeros tres años de Gobierno municipal. Si sumamos las otras dos denuncias, resultan 386 millones 742 mil 754 en total. Lo interesante del caso es que acumulan tres años en la congeladora sin responsables. Mal precedente, en la víspera de la renovación periódica del poder político en Saltillo.

Ahora bien, ¿por qué no sirve la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción ni el Tribunal de Justicia Administrativa?, órganos rectores en la materia e integrantes del Sistema Anticorrupción.

Una posible respuesta, en palabras de la escritora Audre Lorde: “las herramientas del poder nunca servirán para desmantelar el poder”.