Los números del erario al primer trimestre de 2026 dejan ver una tendencia en que el Gobierno federal, encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador, opera con un margen cada vez más estrecho, mientras el gasto público se inclina hacia compromisos difíciles de ajustar.

Del lado de los ingresos, Hacienda no logró cumplir sus propias metas. El sector público captó 2.22 billones de pesos, por debajo de lo previsto. Aunque la diferencia no implica una ruptura, sí confirma una recaudación con menor dinamismo.

Aquí el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino, encargado de la política de ingresos, enfrenta un entorno en que los ingresos tributarios apenas cedieron, pero los petroleros siguen presionando a la baja.

El punto más delicado está en la relación con Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la órbita de la Secretaría de Energía (Sener), que dirigen Víctor Rodirguez y Luz Elena González Escobar, respectivamente. Los ingresos petroleros no sólo quedaron lejos de la meta, sino que el balance neto para el Estado fue negativo.

Es decir, lo que se obtiene de la petrolera resulta insuficiente frente a los apoyos que recibe. El petróleo, históricamente una fuente clave de financiamiento, terminó convertido en una carga fiscal.

Pero es en el gasto donde los números muestran la transformación más profunda. La SHCP administra un presupuesto en el que casi 4 de cada 10 pesos se destinan a pensiones y al costo financiero de la deuda. Las pensiones, gestionadas en gran medida por el IMSS y el ISSSTE, que ya absorben más de una cuarta parte del gasto. El pago de intereses, que Hacienda debe cubrir puntualmente, añade otra capa de rigidez.

En contraste, el espacio para apostar por crecimiento se reduce. La inversión física, donde participan dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la propia Sener o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cayó con fuerza. Este recorte no es trivial: impacta directamente en carreteras, energía, hospitales o sistemas de agua.

Incluso sectores prioritarios muestran señales mixtas. La Secretaría de Salud aumentó su gasto en términos reales, pero aún no recupera niveles de hace una década. La Secretaría de Educación Pública (SEP), que lidera Mario Delgado, por su parte, crece en monto, aunque su participación dentro del presupuesto sigue contenida.

El déficit sobresale. El balance público fue negativo en 179 mil millones de pesos, un dato que refleja la presión sobre las finanzas públicas. Aunque la deuda no se desborda, el espacio fiscal, lo que realmente queda disponible para nuevas políticas públicas, continúa reduciéndose.

En conjunto, estos datos señalan un cambio estructural en la operación del Estado mexicano. Hacienda administra un presupuesto cada vez más condicionado por obligaciones previas, mientras dependencias clave como Salud, Educación o Infraestructura compiten por recursos más limitados.

El resultado no es una crisis inmediata, pero sí una señal de que el Gobierno tiene menos margen para decidir hacia dónde gastar. Y cuando el margen se acorta, también lo hace la capacidad de incidir en el crecimiento económico.

OTRO FLANCO que parece no ir muy bien para el Gobierno es el del registro obligatorio de líneas móviles. Con datos de The Competitive Intelligence Unit, de Ernesto Piedras, al 9 de mayo, apenas son 28.3 millones de líneas registradas de un universo de 161.7 millones, con lo que el cumplimiento se queda en 17.5%, dejando a 82.5% de usuarios fuera del esquema a sólo 53 días del plazo. La magnitud del rezago obliga a dimensionar lo que implica intentar registrar más de 1.75 millones de líneas diarias, una meta que, en términos prácticos, luce fuera de alcance. Más aún, el golpe potencial recaería sobre un mercado donde el prepago concentra más de 83% de las líneas, con dinámicas de uso que no encajan fácilmente en esquemas rígidos. En términos económicos, la reducción abrupta de la base de clientes tendría un impacto directo en ingresos y operación del sector.

LA SUSPENSIÓN de operaciones de Magnicharters no sólo deja varados a pasajeros, también expuso la fragilidad de una cadena turística que depende de decisiones empresariales poco transparentes. Por lo que ahora, la reacción de la Secretaria de Turismo, al mando de Josefina Rodríguez Zamora, al crear una mesa de coordinación, parece más una medida de contención que solución estructural frente a un problema que rebasa la coyuntura. Mientras se buscan salidas con aerolíneas disponibles, queda claro que la improvisación no sustituye la certidumbre que el viajero demanda. Las agencias, muchas de ellas pequeñas, absorben un golpe que no provocaron y enfrentan la incertidumbre financiera con márgenes mínimos de maniobra. Ahora, con la participación de Profeco parece que todo toma un cauce institucional, pero también confirma que el conflicto ya escaló al terreno de los derechos del consumidor.

EL CRECIMIENTO del empleo formal en México, con 231 mil 527 puestos generados en lo que va de 2026 y un total de 22.7 millones de afiliados al IMSS, que dirige Zoé Robledo, muestra un panorama que combina avances con tensiones persistentes. Los 23 mil 923 empleos creados en abril, frente a la pérdida de 47 mil 442 un año antes, marcan un giro cuantitativo importante, aunque desigual entre sectores. El dato a seguir es que 86.9% de los puestos sean permanentes aporta estabilidad, pero convive con 3 mil 959 empleos ligados a plataformas digitales, una figura aún en definición normativa. El salario promedio de 664.5 pesos diarios, con un aumento anual de 6.9%, sugiere mejora, aunque insuficiente frente a la presión del costo de vida. La reducción de mil 40 registros patronales en un mes genera dudas sobre la salud de las empresas empresarial. Al mismo tiempo, más de 418 mil trabajadores independientes y 1.7 millones vinculados a apps reflejan nuevas formas de inserción laboral.