Este era el día, 12 de diciembre de 2017, que el PRI esperaba para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Pero han sido tantos reclamos dentro y fuera del país, que se ha visto forzado a simular que escucha a la sociedad. Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priísta en el Senado, decía ayer que su partido trata de dar respuesta a las inquietudes expresadas por organizaciones sociales, y también para atender el exhorto del Presidente Enrique Peña Nieto, de escuchar a la gente.

Y el mismo Gamboa decía en conferencia que ayer mismo, en uno de los pasillos, hubo dicho a Manuel Bartlett Díaz, senador del PT-Morena, que “hay posibilidad de movernos, para que vea la sociedad civil que estamos atendiéndolos”.

Amanecía bajo un grado en la ciudad de México. Unas 200 personas con Gerardo Fernández Noroña al frente se expresaban desde las 8 de la mañana, en Madrid e Insurgentes. Taponaban puertas laterales y la principal del Senado. Consiguieron que ningún senador entrase. Una sesión solemne programada para las 10 y dedicada a un alto representante de Corea del Sur se suspendió por el imposible quórum.

Fue que después de las 11 pudieron entrar un grueso de senadores para iniciar la sesión ordinaria. Era la hora en que las comisiones que dictaminarán la Ley de Seguridad Interior se proyectaban reunirse para después de las 2 de la tarde, con el fin de dictaminar a matacaballo y enviar por la noche al Pleno para que este la aprobase con los votos seguros de priístas y pvemistas.

Había reiterado más tarde Emilio Gamboa que un grupo de senadores priístas revisaban la Minuta de la Ley de Seguridad Interior, para ver por dónde “hay posibilidad de moverse”. Pero en realidad era el frío que el PRI siente con las ráfagas de hielo que les provoca la irrupción de la precandidatura de Andrés Manuel López obrador. De hielo o de fuego. Pero los entiesaba.

Y entonces se reunían, más que para revisar la minuta, para calcular políticamente la salida de esta crisis que envuelve al presidente Peña y al PRI, a los que les ha resultado imposible eludir la acusación generalizada de que pretenden militarizar al país con esta ley.

Una dictadura encubierta que termina siendo un anticipado reconocimiento de que no ganarán la elección de julio de 2018 porque ya no tienen forma de que nadie les crea sus mentiras, y que entonces tendrán que echar mano del ejército y la marina para contener la vaticinada enorme inconformidad social que devendría, para así retener a ultranza el poder y garantizarse a sí mismos impunidad y garantizar los acuerdos que habrían firmados secretamente con poderes fácticos económicos extranjeros y con los Estados Unidos de América, en rededor de la energía petrolera y eléctrica del país, fundamentalmente.

Otra vez el PRI conseguía ahogar el debate al interior del Senado. Pero este chicoteaba con la fuerza de la enorme importancia que implica la aprobación o no de la Ley de Seguridad Interior.

Dos senadores –Alejandro Encinas y Roberto Gil, en una entrevista con la periodista Carmelita Aristegui- debatieron así:

Encinas Rodríguez: “Y lo más importante quizá es reconocer que el combate a la delincuencia organizada no ha prosperado. Que esta guerra contra el narcotráfico fue un verdadero fracaso. Aparte de un rediseño de toda esa estrategia es una ley que permita regresar al ejército a sus cuarteles. Creo que ese debe ser el objetivo fundamental para que la autoridad civil pueda recuperar sus capacidades institucionales y fundamentalmente cumplir con sus responsabilidades que les establece la Constitución.

Interrumpió Roberto Gil Zuarth: “Cuando se dice no a la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad tenemos que replantear entonces qué hacemos con el crimen organizado. Ya nos dijo la Corte que tienen funciones permanentes en esa materia. Si no queremos a las fuerzas armadas, digamos claramente quién se va a encargar de todos los fenómenos del crimen organizado, y cuándo”.

Volvió Alejandro Encinas: “Esta ley que quieren sacar adelante es convertir los delitos del fuero común en un tema de seguridad nacional y con ello justificar la presencia del ejército en todo el territorio nacional, asumiendo el mando y el control del territorio.

Reviró entonces Roberto Gil: “No una sola presunción en el modelo de Ley de Seguridad Interior, por lo que yo alcanzo a leer, que habilite realizar funciones diferentes a las que ya están en Seguridad Nacional. El problema es que la apertura del Régimen de Delincuencia Organizada permite que el concepto sea mucho más extensivo.

Interrumpió ahora Alejandro Encinas: “El alcance de esta ley es esta declaratoria de protección a la seguridad interior que incluye prácticamente todo el juicio que el ejecutivo debe considerar. Ojalá y hubiera la disposición para discutir y hacer cambios. Pero no lo veo. Creo que van en la lógica de sacar esta minuta, porque obedece más a una decisión de carácter político que a tratar de resolver el problema de combate a la delincuencia organizada en el país”.

Ahora Roberto Gil Zuarth: “Insisto en el problema de fondo. Tenemos dos opciones: ¿Mantenemos el Statu Quo –libre disposición del Presidente de la República con las fuerzas armadas, no va a cambiar esa realidad, porque simplemente no hay nada que contenga estas atribuciones- o le damos un marco para que esa atribución se (ponga) sobre un esquema previsto y controlable. Podemos seguir discutiendo eternamente si las fuerzas armadas deben estar o no en las calles”…

Una expectante República mira al Senado.