En plena Navidad, a través de una sesión virtual que duró 18 minutos y vieron 31 personas vía internet, el Instituto Electoral de Coahuila revivió al partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) pese a que este obtuvo solo 0.50% de votación en las pasadas elecciones del 6 de junio, porcentaje inferior, y muy lejano, al 3% requerido por ley para mantener el registro como partido
político.

Para dimensionar el caso: UDC ocupó el lugar 10 de 11 entre quienes participaron en la elección (solo Redes Sociales Progresistas –ya desaparecido– obtuvo una votación menor) y en 24 de 38 municipios nadie cruzó una boleta electoral con su emblema. Dicho de otra forma: obtuvo cero votos en 24 ayuntamientos. Y en total, de 1 millón 262 mil 984 sufragios válidos emitidos, UDC recibió solo 6 mil 329.

Pese a los números referidos, y cambiando de criterio en relación al tomado meses atrás cuando inició el proceso para la pérdida del registro y liquidación del partido, el IEC hizo una interpretación (“armónica”, le llaman) valiéndose de lo que siempre argumentan las autoridades electorales de Coahuila cuando se trata de causas notoriamente contrarias a derecho: la aplicación del principio “pro persona” y la protección de derechos fundamentales. En este caso, y por ridículo que parezca, se protege el derecho humano que tienen los militantes de UDC a seguirlo votando.

¿Cuáles?, es la pregunta. Particularmente cuando al inicio del proceso electoral que acaba de finalizar el 21 de diciembre con la última sentencia, UDC no pudo concretar un convenio de coalición con el PT y Morena, básicamente por presentarlo a destiempo y con errores básicos, revelando, entre otras cosas, simulación de actos jurídicos, desorganización, arreglos cupulares unipersonales e inexistencia de militantes en la toma de decisiones.

Y los pocos que ocupan alguna posición de poder bajo su emblema también suelen abjurar de su militancia o representación. En la pasada Legislatura, UDC logró su mayor bancada de la historia: tres legisladores, de los cuales uno, Édgar Sánchez, fue cooptado a la tercera quincena, volviéndose independiente y posteriormente adoptando el emblema del Partido Verde. Otra, Zulmma Guerrero, trabaja ahora para el Gobierno del Estado y olvidó su militancia naranja.

Con los alcaldes pasa lo mismo: Cuauhtémoc Rodríguez, de Sabinas, o Antero Alvarado, en Allende, renegaron de la UDC que los llevó al poder municipal ya estando en el cargo que terminan dentro de una semana.

Pero el culmen de la desafección política y transfuguismo llegó el 17 de diciembre, cuando se votaría en el Congreso del Estado una reforma fundamental para los comicios de Gobernador en 2023 y 2029 y, antes de iniciar la sesión del día, la diputada Tania Flores pidió licencia para separarse del cargo y con ello no participar ni comprometer su postura en el tema. Así UDC se quedó sin representación en uno de los momentos legislativos más importantes de los últimos años.

Por lo demás, en el ámbito nacional, el 8 de diciembre los partidos Frente por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Social, perdieron el registro al no conseguir el 3% de votación requerido por ley.

Su argumento para conservar las prerrogativas fue que, por culpa de la pandemia, no pudieron promover el voto a su favor. Seis a uno fue la votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para rechazar ese despropósito.

En el IEC, en cambio, la votación terminó cuatro por tres a favor de mantener el registro de la UDC (sin que durante la transmisión se pudiera saber en qué sentido votó cada consejero electoral) basándose en una jurisprudencia cuestionable: que para efectos de mantener la categoría solo se deben tomar en cuenta las elecciones estatales de diputados y gobernador, no así las de ayuntamientos. Que no vale, pues. Y si no cuenta, y tampoco lograron votos, ¿qué le hicieron entonces a los 14 millones de pesos que recibieron en 2021 para el financiamiento de actividades permanentes, específicas, y gastos de campaña? ¿No sería justo que los devolvieran?

Cortita y al pie
Evaristo Lenin Pérez Rivera, el usufructuario del emblema, es un político hábil y acertado lector de coyunturas políticas. No es un improvisado líder comandando un instituto de nueva creación; por el contrario, luego de 25 años como partido político estatal (una proeza, a juzgar por la experiencia de otras organizaciones en Coahuila y allende las fronteras de la entidad, quienes no sobreviven siquiera un proceso electoral) ha construido una historia fundamentalmente de equilibrismo político: aliado del PRI en 2008, del PAN de 2009 a 2018, y a últimas fechas de Morena. Saber hacia dónde sopla el aire y mover las velas en consecuencia tiene su mérito, naturalmente, sin embargo es irónico que quien ha trabajado para todos los partidos durante su vida política, termine no sabiendo para quién trabaja.

La última y nos vamos
¿Es legítimo que un partido que obtuvo 0.50% mantenga su registro?