Estados Unidos.- La súplica desesperada llegó la semana pasada a los correos electrónicos de los empleados de varias agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional o la NASA: “¿Consideraría tomar una licencia –con goce de salario– de cuatro meses para ayudar a cuidar a los niños migrantes recién llegados a la frontera?”.

Esta solicitud provino del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que está en el centro de un gran esfuerzo del gobierno de Joe Biden para mantenerse al día con el aumento de menores que cruzan la frontera suroeste con la esperanza de reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

Los números son abrumadores. En marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a casi 19 mil niños en la frontera, la mayor cantidad registrada en un solo mes, la mayoría de ellos huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica. Y se espera que el flujo de menores migrantes aumente en las próximas semanas.

Más de 20 mil niños y adolescentes están bajo la custodia de un sistema gubernamental que ya está a “103% de su capacidad”, incluidos casi 17 mil en refugios administrados por el HHS, según los materiales informativos de la Operación Artemis, una respuesta a la crisis fronteriza dirigida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Las proyecciones del gobierno, obtenidas por The New York Times, muestran que en junio podría haber más de 35 mil menores migrantes necesitados de cuidados, una perspectiva que un exfuncionario del HHS calificó de “aterradora”.

La capacidad del HHS para construir refugios, trasladar a los niños a ellos y luego unir a los menores con sus parientes en Estados Unidos es la primera prueba importante del gobierno de Biden, que demostrará si puede responder rápida y eficazmente a una creciente crisis de inmigración que tiene graves ramificaciones políticas y humanas.

Esa presión ya está generando tensión en la Casa Blanca. Biden expresó su frustración con Xavier Becerra, su nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, en una junta el pasado 30 de marzo, por lo que el presidente ve como “atracos burocráticos en capacidad creciente”, según dos funcionarios gubernamentales que atestiguaron la reunión.

Susan Rice, directora del Consejo de Política Doméstica, y Amy Pope, asesora de Biden para asuntos migratorios, han presionado a los funcionarios del HHS y de otras agencias de inmigración para que expliquen su incapacidad para sacar rápidamente a más de 4 mil menores migrantes de instalaciones de detención –similares a cárceles– administradas por la Patrulla Fronteriza.

Cuando cruzan la frontera por primera vez, los menores no acompañados son llevados a cárceles fronterizas. Por ley no deben permanecer allí más de tres días antes de ser trasladados a alguno de los 150 refugios u hogares grupales supervisados por el HHS.

Pero debido a la falta de espacio disponible en los refugios, los menores suelen ser retenidos más tiempo en las duras condiciones de las instalaciones fronterizas.

Cuando finalmente son enviados a los refugios del HHS en todo el país, donde deben recibir educación, atención médica, servicios psicológicos y recreación mientras los funcionarios examinan a los miembros de la familia, amigos o padres adoptivos que pueden acogerlos, generalmente se enfrentan a más tiempo.

Las celdas llenas de adolescentes y niños en cárceles fronterizas destinadas a adultos son resultado directo de la falta de espacio en refugios que originalmente estaban pensados como instalaciones de corto plazo, pero que durante otras oleadas de inmigración terminaron albergando a los menores durante un mes y a menudo más tiempo.