Austin.- Gerardo Reyes lleva casi dos meses encerrado en un centro de detención para migrantes en Texas y dice que le duele una muela. Que el frío en el centro es excesivo, que les quitaron cobijas y suéteres, que cuando llueve se mete el agua por las ventanas y que varias personas a su alrededor están enfermas con problemas respiratorios.

Dice que ha pedido atención médica para la muela tres veces, pero solo le dan analgésicos.

Pero lo que más le agobia no es el dolor. Es la cuenta del teléfono, la renta, la pick-up que quizás tenga que vender y cómo la está pasando su familia. “Me siento desesperado. Todos los gastos se me están acumulando y ¿de dónde lo va a sacar uno?”, relata a EFE el hombre de 45 años en una videollamada desde el centro.

Reyes, que lleva más de dos décadas viviendo en EU, pasó a custodia del Servicio de Inmigración (ICE) después de que la policía de San Marcos (Texas) lo arrestara junto a su hijo durante una parada de tránsito. El joven fue liberado al poco tiempo.

La familia denuncia que la detención fue irregular, y el caso ha atraído la atención de funcionarios y activistas locales que también exigen su liberación.

El costo de estar detenido

Además de padre de ocho hijos e hijastros, Reyes es el principal cuidador de su pareja, quien quedó discapacitada tras un accidente de coche. Tenía dos trabajos: arreglando salones y como cocinero por las noches para apoyar a su familia.

“ Yo dependo de él, es quien sostiene a la familia financiera, emocional y físicamente”, cuenta Sanjuana Escalante, su esposa y ciudadana estadounidense. La pareja intentó ajustar el estatus de Reyes, pero tuvieron que detener el proceso para pagar los gastos médicos de Escalante.

Guadalupe Sarinana, una de las hijastras de Reyes, teme que su madre pierda la casa porque sus únicos ingresos ahora son los de la discapacidad del seguro social, poco más de mil dólares mensuales. “Nadie puede vivir solo con eso. Estamos todos haciendo horas extra y aportando, pero nos estamos drenando”.

Un arresto que la familia cuestiona

El 14 de marzo, Reyes acompañó a su hijo Esteban a llevar unas pertenencias a la entonces novia del menor. La joven no salió y ellos regresaban a casa cuando un agente los detuvo y les pidió bajar del vehículo sin explicar el motivo, según testimonios y un video compartido por la familia.

Su hijo, que iba manejando, se negó a bajarse y preguntó por qué lo detenían. Reyes insistió en que es menor de edad y le puso un brazo sobre el pecho. Las autoridades lo acusaron de interferir en la detención, cargo que fue desestimado. La policía comprobó después que la joven nunca dejó su residencia.

A juicio de Escalante, el arresto de su esposo y su hijo, y su posterior detención, fue “todo por un reporte falso”.

El caso ha generado protestas y el escrutinio de funcionarios locales. En una carta del 2 de abril, el juez del condado de Hays, Ruben Becerra, dijo estar “extremadamente perturbado” por las circunstancias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto y señaló que Reyes tiene dos condenas por conducir en estado de ebriedad, de 2004 y 2005. Bajo la Administración de Donald Trump, “los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en EU”, dijo un portavoz a EFE.

Laura Flores, abogada de American Gateways, dice que el caso ilustra un patrón que se ha intensificado bajo el Gobierno de Trump, con más acuerdos de colaboración entre policías locales y autoridades migratorias.

El resultado, dice Flores, es que cualquier contacto con la policía puede terminar en deportación, independientemente de si hay condena. “Hemos representado a muchas personas que han pasado directamente de custodia del condado a migratoria que, legalmente, no tienen antecedentes penales”, señaló.

Lleva más de 20 años sin pisar México. “Sería llegar a un lugar desconocido”, dice.

“ Espero que me dejen aquí. Es lo que deseo con todo mi corazón. En dado caso de que yo me vaya para allá, es perder todo”.