La causal de nulidad genérica de elección se encuentra contemplada en la Constitución y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambas de nuestro país, donde se establece que las elecciones federales deberán anularse cuando en el transcurso de las mismas se den violaciones graves, dolosas y determinantes, que produzcan una afectación sustancial a los principios electorales, al punto de poner en peligro el proceso y sus resultados.

Como acciones dolosas, debemos entender que son todas las conductas ilícitas realizadas con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados de cualquier proceso electoral. Obviamente, todo lo anterior tendrá que acreditarse, además de probar que con las mismas se puso en duda la certeza de la votación, al punto de acabar siendo determinantes para su resultado.

Pues bien, la violencia en gran parte del territorio mexicano, la presencia de grupos delictivos en diversos estados y la constante intervención del Presidente en el proceso electoral, son sin duda, conductas ilícitas realizadas de manera decidida, que ponen en riesgo el proceso electoral actual y sus resultados, por lo que sólo basta esperar que las mismas sean determinantes en su resultado final, para declararla nula.

Ya la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y los partidos de oposición mexicanos manifestaron su sospecha de que el narcotráfico y el intervencionismo del Presidente en las elecciones son actos plenamente calculados, con el propósito de generar causales para anular esta elección.

Concretamente, en un escenario en que la candidata oficial no ganara, acusarlas formalmente, por sí o por interpósita persona, para meter al Tribunal Electoral en el dilema de tener que anular la elección.

En días pasados, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe (COPPPAL) organismo con por lo menos 70 partidos políticos progresistas de América Latina y el Caribe agremiados, dio a conocer el resultado de un estudio realizado al actual proceso electoral mexicano y las condiciones políticas y electorales en el que se desarrolla.

En dicho estudio, este organismo establece que en el actual proceso electoral mexicano, “existe un aumento de los principales tipos de violencia política, que incluyen amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos contra funcionarios públicos, precandidatos (as) o candidatos (as), para obligarlos a cooperar”.

Respecto a la reiterada y abierta intervención del Presidente en plena campaña electoral, la Comisión de Paz y Resolución de Conflictos de la COPPPAL establece que “busca favorecer el triunfo de la candidata de su partido, pero sus acciones reiteradas constituyen un riesgo para la validez de la elección y aumentan los riesgos de confrontación social y política en México”.

Sin duda, el de la COPPPAL es un estudio claro y veraz de la actual problemática electoral mexicana.

Ahora bien, por desgracia, nuestra legislación sólo establece que de darse el caso, el proceso electoral extraordinario debe llevarse a cabo siguiendo los mismos lineamientos del proceso electoral ordinario, sólo que su preparación y ejecución deben ser de manera expedita. Lo que daría muchas posibilidades al actual Gobierno de enquistarse en el poder, en una evidente nulidad calculada.