La consulta ciudadana para la revocación de mandato que a toda costa quiere realizar el Ejecutivo federal, es una trampa dirigida a minar las instituciones democráticas del país, consolidar un Gobierno de carácter autocrático y sentar las bases de un continuismo autoritario.

Es cierto que México tiene aún mucho por avanzar y ser considerado un país democrático, pero no se puede negar que desde 1968 iniciamos un ciclo de reformas y cambios en nuestra vida pública que hoy, lamentablemente, están en riesgo por la polarización social y las acciones de desmantelamiento institucional que ha emprendido el Gobierno central. Paradójicamente, las víctimas principales de un ejercicio de revocación de mandato como lo quiere el Presidente, serán la propia ciudadania, el Instituto Nacional Electoral y los partidos de oposición.

En diciembre de 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional mediante la cual se creó la figura de la revocación de mandato: un ejercicio de consulta para que los electores definan si continua o no en su cargo un gobernante elegido para un cierto período.

Así, en general, parece una muy buena práctica de democracia directa, en la cual “quien pone, quita”, aunque es un tema que genera mucha controversia y, finalmente, puede ser una gran fuente de inestabilidad política y de sesgo en el ejercicio del Gobierno. En lugar de cumplir con sus facultades que establece la ley, los gobernantes se dedicarán a quedar bien con la ciudadanía para ser favorecidos con su apoyo en la consulta de revocación; y el Gobierno… a la deriva.

Uno de los aspectos que más lastiman nuestro sistema constitucional es el hecho de que una ley aprobada en 2019 se pretende aplicar a una situación consumada en 2018, la elección del actual Presidente. Esto significa violentar los derechos políticos de las personas que votaron por el actual Mandatario. Lo que se haría, contra todo principio jurídico, es aplicar de manera retroactiva la ley por un capricho personal y, peor aún, para apuntalar el fortalecimiento de un modo de gobernar que hasta hoy conduce al país al desastre. Sería un ejercicio ilegal.

Como algunos analistas lo han señalado, la revocación de mandato no es una exigencia ciudadana, es una propuesta del Ejecutivo federal con la cual pretende afianzar sus popularidad, acrecentar su poder político y debilitar a quienes considera sus adversarios.

Como referencia de lo que puede suceder en el país con la revocación de mandato, están los procesos que se realizaron en Venezuela, con Hugo Chavez en 2004 y en Bolivia con Evo

Morales en 2008; ambos culminaron en un continuismo autoritario.
La ley establece que, para iniciar el ejercicio de revocación se requiere que quienes promueven la consulta presenten una solicitud avalada con las firmas de por lo menos 3% de la lista nominal de electores, equivalente a 2.9 millones de personas. Para que la consulta sea valida y el resultado se haga efectivo, requiere de que participen en el ejercicio al menos 40% de la lista nominal de electores. Esto equivale a 37 millones 424 mil 690 electores, de los 93 millones 561 mil 725 que son en total. En ambos casos, tanto para que se inicie como para que sea valide la consulta, es improbable que se pueda lograr una movilización ciudadana sin la promoción de los partidos o del mismo Gobierno.

Si los únicos interesados en el ejercicio de la revocación son los partidarios del Presidente, sería un gran contrasentido, gracioso además, que un día se recolecten firmas para solicitar la revocación de mandato por haberle perdido la confianza, y el día de la consulta acudan a votar para que el Presidente continue con su encargo.

Otro aspecto es el costo. En el anteproyecto de presupuesto para 2022, se proyecta un gasto para este ejercicio de revocación de mandato de 3 mil 830 millones de pesos. En una situación de crisis económica, emergencia sanitaria, creciente pobreza de las familias y tantas necesidades que tiene el país, es una verdadera impertinencia e irresponsabilidad, dedicar los recursos a solventar estos caprichos.

Y finalmente, suponiendo sin conceder, que la revocación sea un ejercicio exitoso, la percepción de un acrecentamiento del poder político en manos del Presidente será un aliciente para debilitar o desaparecer el INE, extremar la confrontación política y distraer a la opinión pública de los pésimos resultados de su Administración. En caso de que el ejercicio no se realice porque no se reúnen las firmas necesarias o de que se concrete y el resultado sea negativo, se radicalizará la polarización y se culpará a los adversarios de los malos resultados. Además, es muy difícil pensar que el Presidente aceptaría resultados que no le sean favorables.

En todo caso, celebrar una revocación de mandato a la mitad del sexenio tiene consecuencias perniciosas. En vez de trabajar para resolver los problemas, el país entero se pone en modo electoral y la inestabilidad política, la falta de acuerdos y la confrontación se vuelven condiciones cotidianas.

En estos momentos, y por la intencionalidad del ejecutivo federal, la consulta ciudadana para la revocación de mandato, además de ser ilegal, costosa e injustificada, es una trampa contra la democracia.