En estricto sentido es legítimo, pues 35.9 millones de ciudadanos votaron –lo supieran o no– por una oferta política que venía contenida en el proyecto “100 pasos para la transformación” de Claudia Sheinbaum: reformar (o cooptar, según se vea) el Poder Judicial.

Era el punto 98. Casi al final. Ahí nomás de pasadita, taimadamente, así como que no quiere la cosa textualmente decía el documento: “Apoyamos la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México”.

Como “logros de la cuarta transformación” al respecto, señalaba uno: “se coloca al Poder Judicial y sus privilegios en el centro del debate público”, y en su “diagnóstico” (si se le puede llamar así a la subjetividad con que aborda el tema) la hoy Presidenta virtual mencionaba que “la justicia mexicana sigue siendo cerrada, opaca, distante, e ineficaz, que no contribuye adecuadamente al combate a la impunidad y genera una profunda desconfianza social”.

Por ello “resulta indispensable una reingeniería profunda e integral de los principales pilares del sistema de justicia para alinear su funcionamiento a las necesidades del pueblo”.

Llama la atención el verbo utilizado: “alinear”, un escándalo en cualquiera de sus acepciones; tanto si se toma la definición clásica “colocar tres o más personas o cosas en línea recta”, o la política: “vincular algo o a alguien a una tendencia ideológica”.

Y si el pueblo, esa ficción jurídica que tanto recurren los populistas y demagogos, es lo que diga el Presidente, se consuma el asalto. La iniciativa no es nueva, fue una de las 20 reformas constitucionales que López Obrador presentó el 5 de febrero, a propósito del aniversario de la Constitución. A su estilo: como manifestación de intenciones, hoja de ruta, o simplemente provocación.

La propuesta de Claudia Sheinbaum (que incluye la creación de un “Tribunal de Disciplina Judicial” que sustituya al Consejo de la Judicatura Federal, también electo por voto popular, y quite la administración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación), por tanto, es una manzana envenenada.

Pero es la que urge: minar uno de los tres poderes y abolir la división. El tercero, el que les falta y es clave, ya que dirime controversias entre los otros dos del Estado. Por eso pusieron el asunto ya, inmediatamente después de la elección presidencial, en la agenda pública. Y lo hizo antes el Presidente en funciones que la sucesora.

El factor a tomar en cuenta son los tiempos. La próxima Legislatura (con mayoría calificada para Morena gracias a partidos aliados y la sobrerrepresentación tolerada que aplica para todos desde 1996 y deliberadamente no fue eliminada en la Reforma Electoral de 2014) iniciará funciones el 1 de septiembre. López Obrador, en cambio, dejará el poder –se supone– el 30 de septiembre.

Eso significa que durante un mes podrá usar esa ventaja que le dieron en las urnas para dejarle un modelo de país distinto a quien entregará la banda presidencial. Cerrar el círculo. Completar la obra. O simplemente terminar de usar la bola de demolición.

Ese Congreso de la Unión con mayoría calificada designará, pues está entre sus funciones, nuevos árbitros electorales por ejemplo. ¿Qué contrapesos tendremos para que sus intereses no se alineen con los del partido mayoritario?

Exacto: ninguno.

Lenia Batres en la Suprema Corte, es el ejemplo perfecto de incapacidad al servicio de un poder de grupo. Lo ha demostrado en sus intervenciones desde que se le designó Ministra por el Presidente de la República. La ruta ya fue trazada.

Y esos mismos legisladores eventualmente suprimirán, de acuerdo al plan, órganos autónomos para ser absorbidos por el Ejecutivo, y propondrán una reforma electoral para terminar, entre otras cosas como la reelección y el financiamiento a partidos, con la representación proporcional (posiciones de minoría).

Así, de tres movimientos, plancharán el estado diverso y multicultural de la nación, quitándole a los grupos de poder cualquier representación efectiva en la toma de decisiones.

Básicamente usar las condiciones temporales para establecer una condición permanente. Como tantos otros episodios de la historia. Nacional e internacional. Sin embargo las victorias y las derrotas electorales no son para siempre.

La renovación periódica del poder vía elecciones es uno de los principios rectores de nuestra democracia (imperfecta, pues la perfecta sólo existe en los libros) y funciona como autocontrol constitucional.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acaba de presentar esta semana el compendio denominado, Análisis Técnico de las 20 Iniciativas de Reformas Constitucionales y Legales Presentadas por el Presidente de la República (febrero 5, 2024), entre las cuales destaca la que nos ocupa.

La conclusión de las opiniones académicas no deja lugar a dudas: es el paso definitivo a la politización de la justicia y el fin de su independencia.

Cortita y al pie

En resumen: 1665 jueces federales que no son improvisados, se sometieron a un proceso de selección, han hecho carrera judicial, con años de formación y la esperanza de subir en el escalafón, serán sustituidos por otros que pueden incluso no tener ninguna experiencia, pero que harán 60 días de campaña. Sin recursos públicos, y los privados que se utilicen para tal fin, sin fiscalización.

¿Qué clase de latrocinio se planea perpetrar? El único país de Latinoamérica, es decir, nuestro contexto, que hace eso, es Bolivia desde 2011. Con dos diferencias: allá el voto es obligatorio para los ciudadanos, y se trata de una nación con 12 millones de habitantes, no 128 millones como México. No es lo mismo. Pese a ello la experiencia no es halagadora.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿un voto no informado, es un voto de aprobación sobre lo que se desconoce?

En su metro cuadrado, sin pensar en la sociedad, sin hacer comunidad, ateniéndose sólo a los incentivos individuales para votar, esa fue la voluntad popular el 2 de junio.

Y es válido “votar por los que reparten el pastel”, aunque dicha repartición derive hacia un régimen autocrático que se puede perpetuar en el poder pues ya no habrá condiciones democráticas para romper esa tiranía en un momento dado, aún y cuando la opinión pública mayoritaria ya no les acompañe a futuro como eventualmente sucederá.

Como anzuelo de pesca, nos están saliendo extraordinariamente caras las pensiones y becas (dádivas) de Bienestar. En este caso el valor es incalculable: hacer de los jueces burócratas del poder en turno.