El 11 de diciembre de 1946 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido por su acrónimo en inglés, Unicef.

El organismo mundial especializado en la infancia, nace a iniciativa de la Administración de Naciones Unidas para el Auxilio y la Reconstrucción (extinto organismo de ayuda humanitaria, que se origina durante la Segunda Guerra Mundial), con la finalidad de asistir a los niños afectados por el conflicto, especialmente los de Europa y Japón.

La base sobre la que Unicef guía su trabajo, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en sus 54 artículos reconoce que los niños son individuos con derechos en pleno desarrollo físico y mental.

Unicef se convierte en un organismo permanente del Sistema de Naciones Unidas, hasta 1953, y su mandato es responder a las necesidades de la infancia y proteger sus derechos.

La acción de Unicef es sumamente variada, desde campañas de vacunación (como la de Covax –que busca promover el acceso de las vacunas contra Covid-19 de manera equitativa en el mundo), hasta la ayuda humanitaria en casos de catástrofes, y una de sus funciones más relevantes, es el monitoreo anual de la situación de los niños en el mundo.

En México, los niños se enfrentan a múltiples situaciones para el cumplimiento de los objetivos trazados por Unicef, uno de ellos es la desigualdad social por razones económicas.

El informe de actividades 2021, sobre la situación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México, revelan que en el país “habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (que en términos relativos, representa 35% de la población), los cuales, en su mayoría, enfrentan problemáticas múltiples: violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia; una de cada cinco personas desaparecidas pertenece a este sector de la población, y cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional”.

La pobreza afecta a todo tipo de población, pero con mayor crudeza a menores de edad, y sobre todo cuando se trata de menores indígenas, “por ejemplo, 78.5% de menores indígenas (0-17 años) se encuentra en situación de pobreza frente a 47.8% de la población de menores de edad no indígenas”.

Sobre el derecho de participación, “24.8% de niñas y niños de entre 9 y 11 años manifestaron que su opinión nunca se toma en cuenta en la comunidad. Respecto a la violencia en el hogar, 14.4% de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; 13.2% los insultaron o se burlaron de ellos y ellas; 11.3% se ha sentido menos o ha sido ignorado; al 10.5% lo jalonearon, empujaron o pegaron; 10.1% sufrió amenazas de ser golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sentir avergonzada o avergonzado”.

El Estado mexicano, con la finalidad de reforzar el ámbito de protección legal de niñas, niños y adolescentes, ha realizado en materia de derechos múltiples reformas en los últimos 15 años. Así también, han desarrollado programas para la orientación y defensa de sus derechos, pero vemos que las cifras nos indican que su desarrollo integral aún no se encuentra garantizado.

Durante 76 años, la Unicef ha cumplido una gran labor a nivel mundial, para orientar y dar seguimiento a los compromisos establecidos por cada país, para garantizar los derechos de la niñez. Sin embargo, en México deberemos reflexionar en las causas que han generado que la ley y las políticas públicas en esta materia –con todos sus factores–, no arrojen los resultados esperados.

La Declaración de Ginebra, redactada desde 1924 –primer antecedente internacional del que hay memoria en esta materia–, establece en términos simples que para la protección de sus derechos «la humanidad debe al niño lo mejor que esta puede darle», parece sencillo ¿verdad? Habrá que examinar entonces por qué ha resultado tan complejo.