La situación actual y legal del Consejo Directivo del Simas de Piedras Negras es de acefalía. Esto por no contar con integrantes legalmente reconocidos, por lo tanto, el organismo se encuentra en un estado de inoperancia.

Bajo este escenario, el gerente actual tiene limitaciones en sus atribuciones ya que no es una autoridad autónoma sino un ejecutor que depende de la validación de un Consejo Directivo para las decisiones más trascendentales del sistema. Por ejemplo, para nombrar o remover al personal de confianza y de base, sin un consejo, cualquier despido carece de validez legal y es impugnable ante los tribunales laborales.

En materia financiera, según la Ley de Aguas, sin el Consejo no puede someter a aprobación el presupuesto de egresos ni la estimación de ingresos para el próximo año. Tampoco puede endeudar al organismo, modificar las tarifas de los servicios, ni decidir sobre el patrimonio inmobiliario o el equipo mayor del sistema.

Parálisis administrativa

Estos puntos mencionados, urgen al sistema a que se apruebe, lo antes posible, un nuevo consejo para evitar una “parálisis administrativa” sobre cualquier decisión que implique movimientos de personal, cambios presupuestales, contratación de deuda, modificación de tarifas, etc.

El Art. 24 de la Ley de Aguas es claro, los cabildos deben establecer la composición del Consejo mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, lo cual explica tal vez, por qué el tribunal a petición del cabildo revocó la validez del consejo anterior. La realidad es que en Piedras Negras por costumbre nunca se había ratificado -que yo sepa- al consejo directivo del sistema de aguas, esto debido a que prevalecía la lógica de trabajo coordinado con el alcalde. Sin embargo, la actual confrontación entre la gerencia y la autoridad municipal obligaron a revisar y aplicar estrictamente los procedimientos de ley.

¿Qué pasa si no se logra el consenso de las dos terceras partes?

Más allá de ideologías o partidos, el interés general debe prevalecer. El bloqueo sistemático de la dirección del Simas sería un error político, porque se estaría bloqueando también a un derecho humano fundamental como lo es el acceso al agua.

Si por falta de acuerdos se detiene una obra de drenaje, se interrumpe la compra de químicos para potabilizar o se corta la energía eléctrica por falta de firmas autorizadas, la responsabilidad recaerá en este Ayuntamiento. Incluso, según el Artículo 158 de la Constitución de Coahuila, el Congreso del Estado podría intervenir para que el Gobierno Estatal asuma la función de manejar el agua, si se considera que el municipio está imposibilitado para brindar el servicio. No considero sea aplicable para este caso ya que para que intervenga el congreso, se requieren también las 2/3 partes y que lo proponga el alcalde. Pero deja ver en claro el procedimiento de cómo las leyes buscan se garanticen los servicios básicos, a como dé lugar.

Aun así, si existiese algún tipo de bloqueo “injustificado” por parte de algún miembro del ayuntamiento, en el peor de los casos, pudiera incurrirse en responsabilidades administrativas por impedir o bloquear el abasto a un servicio básico como lo son el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Servicios de primera necesidad que recaen en responsabilidad para los ayuntamientos según mandato constitucional.

Restablecer la operatividad y el rumbo de Simas Piedras Negras no es tarea de un solo hombre. Si bien el alcalde Jacobo Rodríguez tiene el mandato de convocar y buscar el consenso cuantas veces sea necesario, la responsabilidad final recae en la madurez de los integrantes del Cabildo. No debe haber margen para el bloqueo, el interés público exige que el Simas funcione y que la política sirva para dar soluciones, no para crear obstáculos.

Twitter: @CesarDavilaQuin