Dallas, E.U.- El gobernador de Texas, Rick Perry, urgió hoy al gobierno federal a tomar acciones para asegurarse de que los inmigrantes indocumentados que incurren en delitos en esta entidad permanezcan bajo custodia hasta que sean deportados.

Perry envió una carta con fuerte lenguaje al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, en la que externó su molestia porque muchos indocumentados convictos que pagaron penas de cárcel en Texas, fueron liberados al término de su condena en lugar de ser deportados.

En una serie de artículos esta semana el periódico The Houston Chronicle mostró las fallas que autoridades federales tienen en el sistema de inspección de presos y que permiten que indocumentados con historial delictivo regresen a las calles estadunidenses en vez de ser deportados.

“Texas ha invertido cantidades sin precedentes de recursos estatales en los últimos cuatro años para asegurar nuestra frontera con México”, escribió Perry en su carta a Chertoff.

“Para enterarnos ahora de que indocumentados criminales están siendo liberados y regresados a nuestras comunidades por las autoridades federales que han sido negligentes en asegurar nuestra frontera, eso es exasperante e inconcebible”, indicó el gobernador.

Al llamado del gobernador, se le sumaron también el senador federal por Texas, John Cornyn y los congresistas John Culberson, Kevin Brady y Michael McCaul.

Los legisladores solicitaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) mejorar las inspecciones en las cárceles del país y coordinar mejor sus esfuerzos para identificar a indocumentados que estén encarcelados por haber sido convictos de algún crimen.

The Houston Chronicle investigó los archivos de tres mil 500 reos que informaron a sus carceleros que se encontraban en el país en forma indocumentada durante un periodo de ocho meses a partir de junio de 2007.

El Chronicle encontró que en 177 casos, reos que fueron liberados de la cárcel tras admitir estar aquí en forma indocumentada, reincidieron al incurrir en nuevos delitos.

Más de la mitad de ellos fueron acusados de delitos graves, incluyendo asalto sexual de menor y homicidio capital.

Unos 178 casos del total revisado, involucraban a indocumentados cuya libertad condicional había sido revocada por no cumplir con sus citas ante las cortes o por haber cometido nuevos delitos.

Unos 330 reos que admitieron ser indocumentados, fueron luego sentenciados a libertad condicional.