Monclova, Coah.- Víctor Manuel Aguilera Gómez, el Síndico a cargo del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), rindió un informe detallado ante la Comisión de Vigilancia del Senado, en el que reveló que la acerera acumula un pasivo superior a los 61 mil millones de pesos y enfatizó la urgencia de concretar la venta de la unidad productiva para evitar una “afectación irreversible” para la región.

Aguilera Gómez presentó un desglose alarmante de las obligaciones, destacando que el pasivo se divide en partes casi iguales entre distintos grupos: $22 mil millones de pesos con acreedores financieros, $17 mil millones de pesos con dependencias del Gobierno Federal, y $22 mil millones de pesos correspondientes a trabajadores y proveedores, a quienes consideró como acreedores con condición prioritaria.

El Síndico destacó la necesidad de acelerar la subasta de la siderúrgica como una “unidad productiva” integrada, señalando que el tiempo es un factor crítico, así mismo advirtió que la falta de una solución rápida conduciría al cierre definitivo de la empresa.

En el informe destacó que el cierre total generaría la pérdida definitiva de más de 10 mil empleos directos y una afectación económica severa para la región Centro y Carbonífera de Coahuila, agregó que el plan actual, sujeto a la aprobación de la Jueza concursal, busca llevar a cabo la subasta durante enero de 2026.

Así mismo, dijo, que un avalúo realizado por Levy Assets fijó el valor de la unidad productiva siderúrgica y minera integrada en $1,326 millones de dólares, con un valor mínimo de referencia equivalente al 85%, es decir, alrededor de $1,127 millones de dólares.

Aguilera señaló que existe una “paradoja” en las percepciones de este valor, ya que mientras los acreedores lo consideran bajo, los potenciales inversionistas lo perciben alto.

Subrayó que, en última instancia, el mercado y una puja transparente serán los que definan el valor real de la empresa.

Agregó que un punto de máxima preocupación es la indispensable anuencia de los acreedores garantizados, Aguilera fue claro al advertir que, si no se obtiene su cooperación, estos podrían ejecutar acciones separatorias para desmembrar activos críticos, debilitando cualquier posibilidad de reactivación industrial ordenada y perjudicando a los trabajadores.