México.- La diputada panista Alma Edwviges Alcaraz Hernández opinó que se deben hacer cambios a diversas leyes en el marco de la reforma energética para erradicar el uso discrecional de los excedentes petroleros.

En rueda de prensa, la coordinadora de la Subcomisión de Vigilancia de Transferencias Federales a Estados y Municipios dijo que es necesario modificar las leyes de Coordinación Fiscal, Fiscalización Superior, Obras Públicas y la de Servidores Públicos.

Asimismo, las reglas de operación que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el propósito de transparentar el uso de esos recursos.

Tras exponer las conclusiones del Foro Nacional Reforma Energética; Excedentes Petroleros en los Estado, celebrado en San Lázaro, aseveró que “lo anterior resulta urgente porque no puede seguir dándose tanta dilapidación de nuestros recursos”.

Indicó que esos cambios legislativos deben discutirse a la par de las iniciativas en materia petrolera presentados por el Ejecutivo, ya que están abocados al tema de la transparencia en excedentes petroleros de las entidades federativas.

“Nosotros esperamos que con este se haya hecho conciencia de los cambios que se tienen que hacer para fortalecer el marco jurídico”, subrayó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Alcaraz Hernández coincidió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el sentido de que se deben revisar los lineamientos de Pemex para que se vean acotadas las facultades de su director y evitar que se convierta en “un todopoderoso”.

Agregó que la iniciativa, en materia de reglas de operación a la Ley de Coordinación Fiscal que presentó el año pasado el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, ha sido “parada por intereses políticos” en la Comisión de Hacienda.

“Entiendo que hay grupos políticos que nos les interesa que exista una verdadera rendición de cuentas y mayor vigilancia y control desde que salen los recursos de la Federación hasta que llegan al estado”, destacó.

Finalmente, subrayó que hay estados que tardan 15 días en entregar los recursos a sus municipios y dependencias, y con dicha tardanza generan intereses millonarios con los que se quedan.