Ciudad de México.- La Barra Mexicana Colegio de Abogados hizo un llamado a reconsiderar la decisión de ampliar hasta el 2031 el periodo de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), porque el retraso incidirá en el acceso a la justicia y protección de los derechos de los niños y personas con discapacidad, entre otros grupos.

Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la asociación civil, advirtió que la nueva prórroga aprobada por el Poder Legislativo sólo se justifica si se acompaña de una estrategia concreta con medidas necesarias para superar en el menor tiempo posible los obstáculos que han impedido la implementación del Código.

El pasado 20 de octubre, la Cámara de Diputados acordó posponer del 1 de abril del 2027 hasta el 1 de julio de 2031 la fecha límite para implementar en forma gradual el CNPCyF, aprobado desde el 2023.

“Implementar el CNPCyF lo antes posible es indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de derechos humanos, especialmente en materias que inciden directamente en los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos que requieren protección reforzada. Por ello cualquier decisión de aplazamiento debe considerar sus consecuencias frente a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado Mexicano”, dijo Kudisch en un comunicado.

“Desde la Barra Mexicana hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se privilegie su entrada en vigor en los plazos originalmente previstos. Si se acredita la necesidad de un aplazamiento, éste deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para ejecutar una estrategia que permita resolver los problemas descritos y concluir la implementación del CNPCyF, con presupuesto suficiente, acciones específicas, responsables definidos, metas verificables y mecanismos públicos de seguimiento”.

Advirtió que, de no haber un plan con medidas para acortar el plazo de implementación del Código, existe el riesgo de ampliar la brecha entre el propósito de construir un modelo procesal uniforme para todo el país y las capacidades reales de las instituciones encargadas de ponerlo en práctica.

El sistema de impartición de justicia civil y familiar concentra cerca del 70 por ciento de los expedientes en los tribunales locales y, según cálculos de legisladores, los Poderes Judiciales requieren alrededor de 10 mil millones de pesos anuales para implementar el nuevo Código, recursos con los que ahora no cuentan.

La presidenta de la Barra indicó que el aplazamiento por sí mismo no resolverá los problemas de falta de recursos, la capacitación de juzgadores estatales, la modernización de infraestructura judicial y tecnológica, la reorganización administrativa o la implementación de mecanismos de coordinación entre la Federación y los estados.

“El problema del presupuesto ocupa un lugar central, ya que los poderes judiciales de las entidades federativas deberán atender simultáneamente, tanto los asuntos iniciados conforme a la legislación anterior, como los nuevos procedimientos, para lo cual requieren personal capacitado, infraestructura adecuada y recursos adicionales”, dijo.

“A ello se suma la complejidad del contexto judicial que vive el país. Los cambios en la integración y organización de los poderes judiciales y la pérdida de experiencia derivada de la salida de juzgadores de carrera plantean nuevos desafíos para la implementación del CNPCyF, que deben atenderse”.

Reiteró la disposición de la Barra Mexicana para contribuir, desde la abogacía organizada, a la construcción de soluciones para la implementación efectiva del CNPCyF.