Algunas personas confunden la falta de eficiencia gubernamental con corrupción. Y aunque ambas ciertamente son dañinas para la ciudadanía, no son lo mismo. La corrupción suele estar movida por el dolo, por el ánimo de sacar un provecho indebido a unas determinadas circunstancias, por ejemplo, la de ocupar un cargo público. La falta de eficiencia es, en cambio, ocasionada por el desconocimiento o la incapacidad de quien realiza una función.
Con lo anterior no estoy diciendo que la ineficiencia sea menos mala que la corrupción, por el contrario, al igual que esta última, la falta de eficiencia se debe evitar al máximo. Sin embargo, su combate se realiza de manera distinta, por ejemplo: ubicando a las personas más capaces en cada instancia de la gestión gubernamental.
Hay, por desgracia, quienes tienen una visión distinta y apuestan a la lealtad hacia el político más que a la competencia necesaria para ejecutar de manera adecuada una función. Actualmente lo estamos padeciendo porque el Gobierno federal ha decidido apostar totalmente a la fidelidad hacia el Presidente en lugar de buscar los perfiles idóneos para manejar las distintas carteras del país.
Los resultados están a la vista de todos. Y aunque no lo quieran reconocer, son definitivamente malos. Allí está, por ejemplo, el pésimo desempeño de la economía, no solo nacional sino también de las paraestatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Tenemos también el ejemplo de las cifras de muertes, tanto por la pandemia como por otras enfermedades, por la pésima gestión en materia de salud pública. El número de homicidios dolosos que supera por mucho el que tuvieron los sexenios anteriores; otra muestra de que la cosa no va bien.
Todos esos pésimos resultados, aunados a muchos otros que caracterizan al Gobierno actual, se deben en gran medida a que los cargos los ocupan gente dispuesta a adular al Presidente, pero incapaz de cumplir con su trabajo con la calidad necesaria.
¿Son corruptos? Algunos sí, con toda seguridad. Pero, en el sentido estricto del término, esos funcionarios públicos son muy ineficientes. Por supuesto que eso perjudica la calidad de vida de los ciudadanos. Si alguien supone que la entrega de dinero en efectivo por parte de la Presidencia va a subsanar las carencias que deja una mala gestión, está muy equivocado. Más pronto que tarde van a escasear los recursos y los muchos huecos que se abrieron como consecuencia de la incapacidad de los servidores públicos impactarán de manera muy negativa en la vida cotidiana de los mexicanos.
Por eso debemos insistir que no es solo la corrupción el problema, también lo es y quizás de manera más generalizada, la falta de eficiencia de los funcionarios públicos. Necesitamos con urgencia gobiernos, tanto en la Federación, los estados y los municipios que verdaderamente coloquen a personas capaces de entregar buenos resultados.
Si se eleva la eficiencia gubernamental, por necesidad, los ciudadanos se verán beneficiados y sentirán que realmente México está cambiando. Allí hay un punto clave: quien ocupa un cargo en el servicio público debe estar al servicio de la ciudadanía; no del titular del Ejecutivo. Eso es válido para lo federal, pero también lo estatal y lo municipal.
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