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| Everardo Javier Lazo Chapa.

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Va Fiscalía contra malos funcionarios

  Por Milton Malacara

Publicado el viernes, 13 de marzo del 2026 a las 04:06


El delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Everardo Javier Lazo Chapa, ordenó una auditoría exhaustiva.

Monclova, Coah.- El delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Everardo Javier Lazo Chapa, ordenó una auditoría exhaustiva y el desahogo inmediato de expedientes rezagados tras una mesa de trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), bajo la advertencia de que cualquier funcionario que obstaculice la justicia deberá abandonar su cargo.

El funcionario indicó que esta reestructuración operativa busca erradicar la dilación procesal y garantizar que el sistema judicial en la Región Centro opere con una perspectiva estrictamente humanista.

Lazo Chapa, señaló que la eficiencia no es opcional, sino un requisito de permanencia para el personal ministerial y para el buen desarrollo de la procuración de justicia.

“La instrucción es tajante: quien no se alinee a este proceso de transformación y atención digna, tiene la puerta abierta para renunciar. No permitiré que la justicia se convierta en un trámite lento o insensible”, afirmó.

El delegado, dijo que como parte de esta estrategia, la Fiscalía intensificará el programa de rotación de agentes del Ministerio Público para evitar vicios de antigüedad y asegurar que el servicio a la ciudadanía mantenga un estándar de calidad constante. El objetivo es que cada carpeta de investigación avance conforme a derecho, eliminando los cuellos de botella que motivaron la intervención del organismo defensor de derechos humanos.

“Estamos obligados a ser facilitadores, no barreras. Si un caso no compete a nuestra instancia, el ciudadano no debe irse con las manos vacías; se le brindará asesoría integral para canalizarlo correctamente”, explicó.

El delegado invitó a los monclovenses a utilizar los mecanismos de denuncia interna ante cualquier irregularidad o mal trato percibido, dijo que la nueva política institucional establece que la fiscalización del desempeño de los servidores públicos será permanente, vinculando su continuidad laboral directamente con la celeridad y el trato humano que brinden a las víctimas durante sus procesos legales.

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