Ciudad de México.- El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que la dependencia que encabeza va contra el uso de drones explosivos en Jalisco y Michoacán.

“ Se lleva un registro de cuántos artefactos explosivos se han asegurado en toda la República, los hechos, la cantidad de lesionados que han producido los eventos en los que se han utilizado estos artefactos”.

“ El objetivo que se busca con esta iniciativa es, tomando como base el empleo de drones para lanzar artefactos explosivos que dañan a la población y a las autoridades, establecer una penalidad a ese tipo de acciones y puedan ser castigadas”.

“ Esto está diseccionado a los artefactos explosivos, para quienes usan los drones”, declaró.

– ¿Podría regularse la importación y comercialización de drones?

“ No, en este momento la iniciativa fue enfocada a esa parte, eso no se tomó en cuenta Solo el empleo del drone en combinación con el artefacto explosivo”.

– ¿Cómo se combaten en territorio?

“ Tenemos identificadas las áreas, Jalisco, Michoacán, se integra personal con artefactos antidron, lo neutraliza y hace que bajen. Con estas tropas anda personal especialista en explosivos y en el momento que de identifica, ellos son los encargados”.

El Secretario descartó que la iniciativa tenga que ver con el vuelo de drones alrededor de Palacio Nacional.

El pasado 2 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente una iniciativa que busca sancionar con hasta 53 años de cárcel a quien utilice aeronaves no tripuladas o drones para realizar de forma intencional actos en contra de bienes y personas.

La propuesta, inscrita en la Gaceta Parlamentaria plantea modificaciones al Código Penal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La iniciativa plantea aumentar hasta en un tercio las penas actualmente establecidas en el Código Penal Federal para quienes intencionalmente realicen actos en contra de bienes, servicios y personas, las cuales están establecidas en entre 15 y 40 años de prisión y una multa de entre 400 y mil 20 días de multa.

Propone también sancionar con entre 10 y 20 años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje artefactos explosivos y sustancias químicas sobre personas o bienes o impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daños.

Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena aumentará hasta en una mitad.

Establece una pena de prisión de cinco a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, drogas y materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego.

La iniciativa plantea también que quien utilice aeronaves no tripuladas para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video para vigilar actividades de servidores públicos, con la finalidad de ejecutar agresiones en su contra, se le impondrá una pena de tres a 10 años, además del decomiso de los aparatos y una multa de 50 a 400 UMAS.

Agrega que cuando se cause daño, destrucción o deterioro a “cosa ajena” o de “cosa propia” en perjuicio de tercera persona, se aplicará la sanción de robo simple y cuando en esos hechos se utilicen aeronaves pilotadas a distancia, la pena aumentará hasta en una tercera parte.