Ciudad de México.- Después de cuatro años de pleito legal, el Pleno de la Suprema Corte aprobó hoy por mayoría que no hay ilegalidad en la reforma aprobada en junio del 2022 por las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso local, que pasan la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía General del Estado.

La sentencia aprobada propuesta por el Ministro Arístides Guerrero valida las reformas realizadas por el Poder Legislativo dentro del decreto 196 impugnado por el Gobernador Samuel García.

“El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las facultades de una nueva Fiscalía para actuar en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos fiscales, pues dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo local”, se detalla en la sentencia avalada con ocho votos a favor.

Además, la Corte determinó que la facultad para inmovilizar cuentas, atribuida a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera dependiente de la Fiscalía General del Estado, invade la esfera competencial prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución federal.

Incluso, advirtieron que es el Congreso de la Unión quien puede expedir la legislación única en materia procedimental penal para la inmovilización de cuentas, al ser una medida cautelar.

El caso de la UIFE desató un escándalo político en el 2022, cuando el PRI y el PAN acusaron que la dependencia, entonces a cargo de la Tesorería estatal, era usada por el Estado para acosar políticamente a la Oposición.

“Existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta de la parte del estudio realizado del apartado 7.1 y 7.2, con la salvedad mencionada de la Ministra Loretta Ortiz y aviso de voto concurrente del Ministro Irving Espinosa Betanzo”, reveló el Secretario de Acuerdos del Pleno de la Corte tras concluir la discusión.

A pesar de que la reforma se aprobó, el Gobernador mantuvo “congelado” el Decreto 196 al no publicarlo en el Periódico Oficial, hasta que fue obligado por la Corte, en febrero del 2024.

A partir de la publicación, el Mandatario estatal promovió una controversia constitucional y la bancada emecista acompañada por Diputados de Morena impulsaron una acción de inconstitucionalidad, recursos que fueron resueltos hoy.

Ricardo Tamez, consultor del Congreso en temas de constitucionalidad, señaló que con esta resolución se pone fin a ilegalidades y se le da certeza jurídica a la ciudadanía que sólo se puede dar un bloqueo de cuentas por una investigación judicial y no desde un escritorio administrativo.

“Se pone fin a ciertas ilegalidades”, recalcó Tamez, “se determina la validez de la creación de una Fiscalía necesaria para tener todos los operadores del sistema financiero, empresarios, personas físicas, no tener ese temor ya ahora, estar tranquilos de que los actos que se van a realizar van a estar con control judicial como son los actos de investigación de una Fiscalía”.

“Ya no se permite arbitrariamente que se mande oficios desde una oficina o un escritorio para bloquear cuentas a un negocio o un comerciante, eso ya no va pasar, es una gran conquista, es una certeza jurídica”.