“La vida no es más que una competencia para ser el criminal antes que la víctima”.
Bertrand Russell

Para empezar, es inaceptable que una persona sea recluida en una cárcel sin sentencia durante casi 20 años. El caso de Israel Vallarta debería ser una lección para los políticos del régimen que insisten en mantener la prisión preventiva oficiosa. Preocupa más, sin embargo, que la absolución se dé sin prestar atención a las víctimas. Cuando Florence Cassez fue liberada, López Obrador comentó el 24 de enero de 2013: “La Suprema Corte debió atraer el asunto y hacer la investigación de fondo, pero no dejarla en libertad sólo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas, están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con el secuestro. Creo que fue una barbaridad lo que hicieron”. AMLO acusó al entonces presidente Peña Nieto de estar detrás del fallo.

La absolución de Vallarta, el 31 de julio, por Mariana Vieyra Valdés, juez tercera de distrito en materia penal del estado de México, cita la sentencia de la Suprema Corte en el proceso de Cassez: “El alto tribunal del país, determinó que existió un proceso de escenificación ajena a la realidad, lo que se tradujo en un efecto corruptor del proceso” (p. 265). La Agencia Federal de Investigación provocó un “efecto agravante” por la difusión de la escenificación en las “cadenas de televisión”, lo cual “no solo violentó. el principio de presunción de inocencia, sino además de forma grave los derechos humanos de las víctimas del delito” (p. 266).

La juez Vieyra decidió que en el caso Vallarta debe aplicarse el principio de “cosa juzgada refleja”, o sea, los mismos criterios que en el de Cassez, aunque reconoce que “no hay identidad de sujetos” (p. 295). La absolución se basa así en el supuesto de que la escenificación anula las pruebas.

Hay dudas sobre si se puede aplicar el principio de “cosa juzgada refleja” en este proceso, en el que hay otras víctimas y se acusa a Vallarta de ser el líder de la banda de secuestradores; pero, además, el montaje de televisión no se presentó nunca como prueba. La ley obliga a fiscales y jueces a considerar todas las pruebas, incluyendo los testimonios que no hayan sido contaminados.

Seis víctimas de secuestro testificaron contra Vallarta. Cristina “R” y su hijo menor declararon no solo haber sido secuestrados, sino violados. No vieron la escenificación antes de declarar porque estaban siendo trasladados a la AFI cuando se difundió. Cristina identificó a Cassez por voz, ya que presuntamente esta alimentaba a los secuestrados, pero a Vallarta por rostro, porque lo vio en las violaciones que sufrió. Estos testimonios no pueden simplemente descartarse por una falta en el procedimiento.

Vallarta se autoinculpó como líder de la banda de secuestradores, pero después dijo que fue torturado. Suponiendo que sea cierto, esto no excluye el testimonio de Cassez ante el ministerio público en presencia del cónsul francés, en el que señaló, entre otras cosas, que no entendía por qué se compraba tanto alimento para la finca de Las Chinitas, donde estaban varios secuestrados, si solo ella y Vallarta vivían allí.

El caso ha tenido desde hace años interpretaciones políticas. Si bien López Obrador acusó a Peña Nieto de haber intervenido en la liberación de Cassez, ahora la 4T defiende la absolución de Vallarta porque golpea a Genaro García Luna, quien montó la escenificación para la televisión. Yo coincido con el López Obrador de 2013, sí, el que afirmaba que esta falta no debería borrar las demás pruebas ni los testimonios de las víctimas.

La juez

Mariana Vieyra Valdés apenas asumió el cargo de juez de distrito en septiembre de 2024. El 14 de marzo de 2025 dictó sentencia de 89 años contra Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, por secuestro. Apareció en los acordeones oficialistas y fue electa en la elección judicial del 1 de junio.