Ciudad de México.-El suplicio de reclamar a una institución financiera por recibir un billete falso o deteriorado buscará ser eliminado con la puesta en marcha de una nueva disposición que obliga a que en todos los cajeros automáticos se verifique que los billetes que se entregan a los usuarios estén en buenas condiciones y que tampoco se coloquen para su dispersión papeles falsos.

De aprobarse, esta disposición entraría en vigor hasta dentro de tres años, según la propuesta de regulación dada a conocer este lunes por el Banco de México (Banxico).

A partir de este lunes y hasta enero de 2022, las instituciones financieras podrán enviar sus observaciones al Banxico sobre el proyecto de disposiciones para modificar la Circular de Operaciones de Caja, las cuales tienen por objeto, entre otros, proteger los intereses del público usuario de los servicios bancarios y vigilar la seguridad de la circulación monetaria.

El proyecto contiene los aspectos mediante los que se regulará la operación de cajeros automáticos aceptadores y dispensadores de efectivo, en relación con el tratamiento de piezas presuntamente falsas y billetes no aptos para circular, con lo que se homologaría la disposición que hay en las sucursales bancarias, que no deben entregar a los usuarios billetes en malas condiciones o falsos, sino que deben ser retenidos para evitar su circulación.

Por ello, se propone la obligación para las instituciones de crédito de que cuando se reciba una pieza presuntamente falsa a través de un cajero automático, esta se retenga y a través del mismo equipo se proporcione al tenedor la información necesaria para dar seguimiento a la pieza (su entrega al Banco de México, el análisis y el reembolso en caso de resultar auténtica).

Al mismo tiempo, se busca prever que las instituciones deberán abstenerse de entregar, a través de los cajeros automáticos, piezas presuntamente falsas que no tengan las condiciones adecuadas para continuar en circulación, de conformidad con lo establecido en la Circular de Operaciones de Caja, de aprobarse los cambios se propone que entre en operación en 2025.