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Van médicos a juicio por negligencia

  Por Camelia Muñoz

Publicado el sábado, 10 de abril del 2010 a las 14:05


Negociación fallida; son interpuestas denuncias penal y civil

Saltillo, Coah.- En las instancias penal y civil se lleva ahora el caso de negligencia médica ocurrido en el Hospital Universitario en noviembre del 2009, y de lo cual se responsabiliza a los doctores Antonio Posada Domínguez y Juan Pérez Santillán, a personal de enfermería e instrumentistas, a la institución médica y a la UAdeC.

Lo anterior luego de que no se logró ningún acuerdo entre la afectada, Gloria Niño Cevallos, y el personal médico de apoyo de la institución, en un proceso que realizó la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, reveló el abogado Horacio Jaramillo.

“A las instituciones se demanda por tener a su cargo la supervisión, la Universidad en el caso del hospital y éste a su vez del personal que ahí opera o trabaja, pero consideramos que sí hay responsabilidad por una falta u omisión en la supervisión, el Código Civil habla de la responsabilidad objetiva y subjetiva, y en este caso hablamos de lo subjetivo”.

Niño Cevallos fue intervenida quirúrgicamente por una histerectomía abdominal en noviembre, y días después regresó al nosocomio por un dolor, y al hacer los estudios correspondientes se le detectó la pinza en su interior, por lo que fue sometida a una nueva cirugía para extraerla.

Comisión de Arbitraje sin facultades

La Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico no pudo resolver el caso de negligencia médica que promovió la señora Gloria Niño Cevallos debido a que el personal médico involucrado rechazó someterse al proceso.

Aunque el caso, como todos los que llegan a la institución, se mantiene bajo el estatus de reservado, según lo dio a conocer el director de Conciliación, Arturo Valdés Álvarez, la dependencia no tiene facultades para determinar si hay o no negligencia al haber dejado en el cuerpo de la mujer unas tijeras quirúrgicas.

Todo porque la parte responsable de los hechos rechazó someterse al proceso de arbitraje, y con ello la Comisión no pudo emitir el laudo correspondiente y dejó a salvo los derechos de la afectada, quien procedió a denunciar el caso por la vía civil y penal.

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