Monclova, Coah.- Héctor Manuel Garza Martínez, representante legal de un grupo de acreedores de AHMSA, advirtió que la batalla jurídica por la supervivencia económica de más de 14 mil ex trabajadores de Altos Hornos de México y Minera del Norte dará un giro histórico mediante un amparo colectivo orientado a dinamitar las limitaciones de pago previstas en la ley mercantil.

“Todavía existe una alternativa constitucional para cuestionar el tratamiento que la Ley de Concursos Mercantiles otorga a determinados créditos laborales”, puntualizó el jurista al detallar la ruta que busca evitar que los obreros absorban los costos de la quiebra.

Confían en alcance de amparo colectivo

Héctor Manuel Garza explicó que la controversia apunta directamente a los artículos 224 y 225 del marco concursal, los cuales establecen un esquema de prelación que pone en riesgo el cobro íntegro de salarios e indemnizaciones frente a pasivos corporativos blindados. Dijo que la necesidad de apelar a principios de máxima protección de derechos humanos.

“Nos planteamos como cuestionamiento central si resulta constitucional que, ante una crisis económica que los trabajadores no provocaron, una parte de sus prestaciones quede limitada frente a créditos garantizados de grandes instituciones y empresas como Cargill y Pemex”, cuestionó.

El litigante explicó que la viabilidad del amparo indirecto se activará en cuanto el juzgado emita la clasificación final de los créditos preferentes. Asimismo, reconoció que la instrumentación operativa recaerá en los abogados Diana Carolina Fregoso Rojo e Ignacio Miñón Ramírez, designados el pasado 10 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo de
Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para tutelar los intereses obreros.

“Una demanda de amparo promovida en representación colectiva podría generar una discusión constitucional de gran alcance, debido a que involucraría la protección del mínimo vital, la protección de la familia y el principio por persona”, aseveró.

El representante de acreedores, dijo que se mantiene abierta la propuesta técnica para su análisis, por lo que exhortó a la defensoría pública a valorar exhaustivamente los elementos procesales para consolidar un precedente nacional que garantice que los recursos de la quiebra prioricen el bienestar de las familias siderúrgicas.