Italia.- El Vaticano ha pedido formalmente a Italia que revise una serie de puntos del Proyecto de la ley contra la homofobia y la transfobia, ya que al parecer viola el Concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia desde 1984, una postura vista por algunos como una intromisión pero ‘agradecida’ por la derecha.

“

Ciertamente hay una preocupación para la Santa Sede”, confirmó en una rueda de prensa el prefecto del dicasterio para Laicos, Familia y Vida, Kevin Joseph Farrell.

La polémica surgió después de que el día de hoy se supiera que el Estado de la Ciudad del Vaticano ha pedido formalmente al gobierno italiano revisar algunos aspectos de su proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que se ha hecho presente actualmente en el Senado.

El motivo de la discordia sobre el proyecto contra la homofobia y transfobia, impulsado por el diputado Alessandro Zan, del Partido Demócrata (PD), surge del segundo artículo del Concordato sobre la misión “pastoral, educativa y caritativa” de la Iglesia.

En resumidas cuentas, uno de los artículos instaura el día 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobia, obligando a las escuelas, incluyendo las católicas privadas, a organizar eventos de reflexión sobre el tema. Al mismo tiempo, la Santa Sede considera, que el proyecto de ley italiano ataca la libertad de pensamiento de los católicos y ha manifestado su temor por las posibles consecuencias judiciales.

El responsable de las relaciones exteriores del Vaticano alega que si Italia lleva adelante sus intenciones sobre la nueva ley contra la homofobia estaría incumpliendo el nuevo Concordato, que a su vez es una revisión del rubricado con Benito Mussolini en 1929, que marcó la reconciliación entre el Estado Italiano y la Santa Sede.

Aunque por el momento el Vaticano no se ha pronunciado al respecto, el diario italiano Corriere della Sera, señala que el secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, en su nota formal, defiende que el acuerdo vigente garantiza a la Iglesia “libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal”.

Se trata de un choque sin precedentes en la historia de las estrechas relaciones entre Italia y el Vaticano, puesto que este último, hasta el momento, nunca había intervenido directamente en el proceso de tramitación de las leyes italianas. En otras ocasiones la iglesia ya había entrado en el debate político italiano, como durante las tramitaciones de las leyes del divorcio y del aborto en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado o recientemente contra la ley de uniones civiles, la fecundación asistida o la investigación científica con células madre, pero no se había llegado a poner en marcha la maquinaria diplomática ni se había creado un clima similar de conflicto diplomático.