Ciudad de México.- La decisión del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de calificar a los grupos de narcotraficantes que operan en México como “organizaciones terroristas” genera un debate en el marco político nacional e internacional, puesto que las cifras de violencia y los señalamientos de posibles vínculos entre las autoridades federales y el crimen organizado alimentan la postura del Mandatario.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró más de 156 mil homicidios dolosos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, marcando el periodo más violento en la historia reciente del país.

A la vez, informes del Departamento de Estado de Estados Unidos señalan un incremento en la producción y tráfico de fentanilo hacia ese país, lo que coloca a México como pieza clave de la crisis global por este opioide. 

Para el Gobierno mexicano y su partido gobernante, Morena, la designación de Trump para clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas podría representar una amenaza a la soberanía nacional.

Ante la noticia, críticos externaron razones para no aceptar la ayuda de parte de Estados Unidos, que podría incluir apoyo logístico e inteligencia para desarticular estas organizaciones criminales. Señalan que la negativa podría estar vinculada al temor de exponer posibles acuerdos y complicidades entre actores del poder y los grupos criminales.

Según un informe de Insight Crime, varios cárteles han ampliado su influencia bajo la Administración de Claudia Sheinbaum, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, que ahora operan en más de 30 estados.

Además, las denuncias de corrupción en múltiples fiscalías estatales y la opacidad en el combate al crimen organizado refuerza la percepción de que la estrategia de seguridad empleada por Morena carece de efectividad.

Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta el aumento de la violencia, el desplazamiento forzado y la creciente inseguridad en todo el país.