Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, afirmó este lunes que existe una “decadencia” en el servicio público en México, por falta de parámetros legales y principios éticos sobre la forma en que se debe ejercer.

El Ministro Hugo Aguilar sostuvo lo anterior durante una discusión sobre el concepto del “modo honesto de vivir” como requisito para acceder a la titularidad de un puesto público en el Gobierno de Baja California Sur.

El tema del “modo honesto de vivir”, que la Constitución requiere para ser considerado como ciudadano mexicano, ha sido discutido en múltiples ocasiones por la Corte, que lo ha considerado demasiado abierto y por tanto discriminatorio cuando se aplica en leyes secundarias.

“Me cuesta admitir que la Corte renuncie a darle contenido a esta fórmula, máximo si en las condiciones actuales en las que vive país hay una, digámoslo así, una decadencia del servicio público, no hay principios éticos que lo regulen, se sienten en libertad de, pues, hacer lo que es su idea o su voluntad, se les permite, no hay una sujeción plena a la norma”, dijo Aguilar.

“Si (el modo honesto de vivir) es una expresión Constitucional, creo que se le debe dar contenido, no solo la Corte en este caso, sino fundamentalmente el Legislativo, o sea el Legislativo tiene que establecer algunos parámetros objetivos de cómo se tiene que ejercer la función pública, no solo en este caso, sino para todos los casos, de lo contrario estaríamos diciendo que son asideros que no se pueden exigir a ninguna persona, y por tanto la función publica se puede ejercer al arbitrio de cada uno de los funcionarios”, agregó.

La Corte terminó anulando, por siete votos contra dos, el artículo impugnado que pedía el “modo honesto de vivir” para ser Director de Atención para las Personas Indígenas y Afromexicanas en Baja California Sur.

Aguilar votó en la mayoría, pero con un voto concurrente para enfatizar su postura sobre la necesidad de que se aclare el alcance del concepto mencionado.

Votaron en contra Lenia Batres y Sara Herrerías, quienes sostuvieron que no es un exceso exigir el “modo honesto de vivir” para acceder a cargos públicos, y que, en todo caso, la Corte debería aclarar esta frase para evitar interpretaciones anacrónicas o discriminatorias.